El legislador y presidente del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Feinzaig, denunció que el Ministerio de Finanzas estaba intentando obtener información personal de los costarricenses a través de compañías de telefonía móvil, fija y servicios de Internet.
De acuerdo con Feinzaig, la Dirección de Información Fiscal del Ministerio de Finanzas envió una comunicación a las empresas de telecomunicaciones entre el 12 y el 14 de marzo, solicitando el nombre completo, el número de cédula, el pasaporte o el número de identificación, ya fuera que la persona fuera nacional o extranjera, además de su número de teléfono, correo electrónico, tipo de contrato y dirección domiciliaria con referencia geográfica.
También se menciona que se requería la entrega de esta información en un plazo de 10 días hábiles, advirtiendo que se generarían multas millonarias si no se cumplía.
«Es mucho más grave que el caso de Upad y el Faro del PAC.»
El PLP considera inapropiado solicitar información de manera masiva y sin justificación adecuada.
«¿Hacienda investiga a todos? ¿Para qué finalidad? Si la información solicitada no parece contribuir a la función fiscal y los operadores tienen prohibido proporcionarla, ¿por qué la necesitan?»
Protección de datos
Feinzaig subrayó el derecho fundamental a la privacidad, que incluye la protección de datos personales, conforme a lo establecido en la constitución política.
«La ley 9698 de protección de datos establece que cada individuo es propietario de sus datos y resalta el principio del consentimiento informado: nadie puede utilizar información sin la autorización explícita de la persona», afirmó el legislador en un comunicado de prensa.
«Además, para otorgar su consentimiento, cada persona debe recibir información clara sobre el uso que se dará a sus datos y cómo se procesarán».
Según el diputado, el hecho de contar con solo 10 días para que los operadores obtengan consentimiento hace imposible la obtención del mismo de todos los clientes para facilitar esos datos.
«Al contratar un servicio de telecomunicaciones, se entrega información personal a un tercero, el operador, que la recolecta con fines comerciales y solo puede utilizarla para ofrecer el servicio contratado. El operador no es propietario de los datos, solo un administrador de los mismos”, explicó el diputado.
«Ningún tercero tiene derecho a acceder a esos datos sin el consentimiento expreso, a menos que se trate de un tribunal o de una orden administrativa, en circunstancias de una investigación con causa justificada», concluyó.
Por el momento, el Ministerio de Finanzas no ha emitido una respuesta a las declaraciones del diputado. Este medio intentó obtener una declaración del ministro Nogui Acosta, pero al cierre de esta edición, se encontraba esperando respuesta a través de WhatsApp.
