(Viernes 21 Febrero de 2025-los salarios). En un contexto de creciente inquietud y preocupación, el Observatorio Volcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) se enfrenta a una seria crisis en su presupuesto que se hizo evidente tras la suspensión de financiamiento en 2023, impulsada por una serie de decisiones que afectaron al Fondo Nacional de Emergencia. Sin una base financiera sólida y confiable, el seguimiento de la actividad sísmica y volcánica que tiene lugar en el país se encuentra en un estado precario, lo que a su vez compromete la capacidad del gobierno y de las instituciones de respuesta ante desastres naturales.
Esta crisis presupuestaria tiene sus raíces en la expiración de la transición I de la Ley N. 8488, la cual había garantizado la asignación de recursos de forma exclusiva para el mantenimiento y la expansión de las redes de monitoreo. Sin embargo, esta ley no contemplaba el financiamiento para el personal ni para las actividades científicas esenciales para el funcionamiento eficaz de Ovsicori. Esta falta de recursos está teniendo un impacto directo y negativo en la adquisición de los instrumentos necesarios para el estudio sismológico y geodésico, así como en el desarrollo vital de sistemas de alerta temprana diseñados para detectar terremotos y posibles erupciones volcánicas antes de que ocurran.
Con la finalidad de abordar esta situación alarmante y restaurar el vital flujo de recursos que Ovsicori necesita para cumplir con su misión, se ha convocado a una reunión legislativa. En esta, se explorarán las posibilidades de un nuevo proyecto de ley que establezca de manera permanente los recursos financieros necesarios para el funcionamiento adecuado de Ovsicori. La aprobación de tal legislación no sólo sería un paso crucial para la sostenibilidad operativa del observatorio, sino que también permitiría que Costa Rica continúe avanzando en sus esfuerzos por proteger a la población de los efectos devastadores de los desastres naturales. La implicación de no tener un sistema de monitoreo sólido pone en riesgo no solo la infraestructura del país, sino también la vida de miles de ciudadanos.
