(Jueves 6 de febrero de 2025-los salarios). En un inesperado giro de los acontecimientos ocurrido el pasado martes por la tarde, se reportó que un agente del Poder público se presentó en el campus de la Universidad de Costa Rica (UCR), buscando a un individuo que había participado en una reciente marcha organizada por el movimiento estudiantil hacia la casa presidencial. Este tipo de actos suscitan grandes preocupaciones sobre la libertad de expresión y los derechos civiles en el contexto académico.
Según lo declarado por la administración universitaria, un oficial de seguridad que forma parte del equipo de la universidad solicitó la salida del agente, argumentando que no se había llevado a cabo la coordinación preventiva que la situación requería. A pesar de que el mencionado oficial abandonó las instalaciones del campus, las unidades del Poder público decidieron permanecer en las afueras del campus de Facio de Rodrigo hasta las últimas horas de esa tarde. Esto generó un ambiente tenso, ya que la presencia de fuerzas policiales en un ámbito educativo puede ser interpretada de múltiples formas, tanto por los estudiantes como por la comunidad universitaria en general.
En respuesta a este episodio, la UCR emitió un comunicado oficial, reafirmando su postura sobre la importancia de seguir las normas establecidas por la constitución vigente en el país. El pronunciamiento subrayó que las fuerzas de seguridad del estado no tienen permitido acceder al campus sin el debido aviso y la coordinación previa con las autoridades universitarias, exceptuando aquellos casos que estén definidos por la legislación actual. Esta declaración busca garantizar no sólo el respeto a los derechos de los estudiantes, sino también la integridad del ambiente dentro de la universidad, donde se priorizan la libre expresión, el derecho a la educación, y la seguridad.
A pesar de la relevancia del incidente, hasta el momento no se han brindado más detalles acerca de la identidad de la persona que estaba siendo buscada ni se ha esclarecido la razón exacta de la presencia policial en el acceso al campus. Este silencio informativo ha alimentado la especulación y el debate entre los estudiantes y miembros de la comunidad educativa, quienes exigen mayor transparencia y claridad sobre la interacción entre las fuerzas policiales y las instituciones académicas. La situación actual plantea interrogantes sobre la relación entre la educación superior y la seguridad pública, recordando la importancia de preservar la autonomía universitaria.
