El presidente Rodrigo Chaves hizo un anuncio el miércoles que causa revuelo en el ámbito legislativo: ha decidido ejercer un veto sobre un proyecto de ley que permitiría a los agentes de la policía judicial (OIJ) acceder a una pensión anticipada a los 55 años. Este proyecto ha estado en discusión y se originó en la temporada anterior, siendo presentado inicialmente por el diputado Dragos Donolescu y luego retomado por la diputada Alejandra Larios de la bancada libertaria.
La reacción de los legisladores ha sido intensa, especialmente de parte de Larios, quien expresó su descontento ante el anuncio del presidente. La votación para el segundo debate sobre este vital proyecto está programada para el 8 de abril, y la incertidumbre sobre su futuro se ha apoderado del ambiente político. «Es lamentable y, aunque no sorprendente, cuando se trata de iniciativas cruciales para la seguridad, especialmente para el OIJ, siempre se encuentran oposiciones», declaró Larios, reflejando la frustración que se siente entre los proponentes de la ley.
Aunque esperan la decisión final de Chaves, está claro que las posibilidades de que el proyecto se re-formule son inciertas. «La responsabilidad recae sobre él, y nosotros, los legisladores alternativos, actuaremos en consecuencia», añadió Larios, enfatizando que todo depende del curso de acción del presidente. Además, instó a que la situación debe observarse de cerca, ya que el presidente ha insinuado en el pasado que vetaría ciertos proyectos sin llevar a cabo esas promesas.
Chaves argumentó que su decisión de vetar esta legislación tiene que ver con la protección del quórum público, sugiriendo que no era viable un sistema de pensiones anticipadas de esta magnitud. Mencionó situaciones de riesgo extremo que enfrentan los oficiales de OIJ, como el reciente caso de Maynor Martínez, un oficial de policía fronterizo que perdió la vida. “Los peligros que enfrenta el cuerpo de policía, que incluye el transporte de suministros en condiciones adversas, son remitidos a situaciones críticas que requieren nuestra atención», afirmó Chaves durante una conferencia de prensa.
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La iniciativa busca fortalecer la pensión de los agentes.
Impacto en la Seguridad Pública
La situación ha generado un debate más profundo sobre las verdaderas necesidades de la fuerza pública en Costa Rica. Larios enfatizó que la propuesta no debe ser vista como una oposición a otras fuerzas policiales, sino como un intento de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad para quienes arriesgan sus vidas en el cumplimiento de sus deberes.
Por otro lado, Nogui Acosta, el Ministro de Finanzas, alertó sobre las implicaciones económicas de este tipo de decisiones, revelando que la falta de financiamiento en el Comité de Pensiones Judiciales asciende a ¢804,000 millones. «Decisiones como estas solo contribuyen a crear un déficit mayor en un sistema que ya se encuentra en crisis. Las medidas legislativas deben ser responsables y no solo pensar en crear más gastos que terminarán perjudicando a toda la población», señaló Acosta.
Es importante mencionar que el proyecto de ley busca dotar a los agentes de OIJ de un sistema de jubilación que proporcione hasta un 82% del promedio de los últimos 240 salarios mensuales, lo que se considera esencial dado el riesgo que enfrentan diariamente en su labor. También incluye una regulación sobre cómo se implementaría la jubilación anticipada en base a los años de servicio y otros requisitos específicos.
La legitimidad del retiro anticipado es un tema que se encuentra en el centro de este debate, y se prevé que la discusión continúa conforme la fecha del segundo debate se acerque. El resultado de estas negociaciones podría tener un impacto significativo en la seguridad pública y en las vidas de quienes sirven en el OIJ, lo que hace que el desenlace sea de particular interés para la ciudadanía.
