La reciente regulación que prohíbe los pisos turísticos en la comunidad valenciana ha desencadenado una serie de sorpresas inesperadas. A pesar de la intención de combatir el fenómeno creciente de los alquileres para vacaciones, la nueva ley ha permitido que muchos propietarios de viviendas encuentren un resquicio legal para sortear las restricciones. Estos caseros se han ingeniosamente adaptado a la normativa al ofrecer sus inmuebles para alquileres que se extienden más allá de un periodo mínimo de 10 días, lo que les permite operar bajo estándares más flexibles.
Esta situación ha llevado a que algunos ciudadanos ya hablen de la trampa de los 11 días, resaltando cómo ciertos propietarios han encontrado la manera de evadir las limitaciones legales que deberían regular más estrictamente estos alquileres.
¿Qué es lo que realmente sucede? Según un reciente artículo publicado en el diario Levante EMV, se dio a conocer que plataformas de alquiler como Airbnb han comenzado a imponer un denominador común en Valencia: una estadía mínima de 11 noches. Aparentemente, no importa la ubicación, el diseño o cualquier otro aspecto del alojamiento. La regla se repite invariablemente: los inquilinos deben quedarse un mínimo de 11 días. Esta nueva tendencia se ha materializado en una serie de anuncios que muestran claramente este requerimiento.
¿Hay muchas propiedades en esta situación? Sí, según reportes recientes. A finales de febrero, el mismo medio informaba que solo en Airbnb había al menos diez apartamentos en bloques residenciales de Valencia listados bajo esta condición. Una búsqueda rápida en la plataforma confirma que los anuncios proliferan bajo la misma premisa y que algunas empresas están adoptando estos criterios para sus ofertas de alojamiento.
¿Cuál es la razón detrás de los 11 días? Para aclararlo, es necesario analizar la legislación valenciana. La reciente Ley 9/2024 fue aprobada en agosto y actualizó el marco regulador establecido en 2018 para los alquileres vacacionales. El objetivo del gobierno valenciano es garantizar una regulación más eficaz de los alquileres turísticos y ofrecer seguridad legal a los propietarios e inquilinos.
El concepto de «piso turístico» juega un papel fundamental en estas nuevas regulaciones. La normativa aclara que para ser considerado un «apartamento para uso turístico», este debe estar disponible para alquileres temporales de menos de 10 días. Aquellos que se alquilan por un periodo mayor entran en otra categoría, exigiendo una licencia propia para operar.
¿Qué implicaciones tiene esto? Esto significa que los alquileres por vacaciones se vinculan a este límite temporal de 10 días. Cualquier hogar que se ofrezca para períodos más largos se considera fuera de esta norma y, por lo tanto, necesita cumplir con otros requisitos legales. En esencia, se verifica que los propietarios puedan anunciar sus inmuebles en plataformas como Airbnb como alquileres de vacaciones regulares.
Según la ley de alquileres urbanos (Ley Bozal), estos contratos no se deben utilizar con fines de residencia permanente. El Moncloa ya está trabajando en reformas para evitar que los alquileres regulares se vean afectados y para que se beneficien personas que realmente requieren vivienda, como los estudiantes.
¿Por qué es relevante? Esta cuestión es de suma importancia, ya que una de las principales metas tras la aprobación de la nueva regulación en agosto de 2024 fue frenar el incremento en la oferta de pisos turísticos. Esta modalidad de alquiler ha generado tensiones en el mercado de vivienda local, afectando las rentas y la disponibilidad de viviendas para residentes. El mismo gobierno ha reconocido la necesidad de abordar el tema de la competencia desleal y buscar mayor transparencia en el sector.
Las estadísticas revelan que esta expansión descontrolada de los alquileres turísticos podría crear problemas que repercutan en el tejido social. Como lo manifestó la generalitat valenciana en 2024, «La proliferación de esta modalidad ha generado un crecimiento exponencial y no reglamentado en ciertas áreas, lo que subraya la urgencia de tomar decisiones que prevengan un fenómeno que puede acentuarse aún más si no se actúa de manera inmediata». Expertos en la materia han cuestionado si el enfoque de la nueva ley realmente logra concretar el control sobre el tipo de viviendas usadas para alquiler turístico.
¿Ha tenido algún impacto? Sin lugar a dudas, ha suscitado reacciones diversas. Tras la noticia publicada en Levante, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia (FAAVV) ha pedido cambios urgentes en las regulaciones, argumentando que las disposiciones actuales no logran limitar adecuadamente las operaciones de los pisos turísticos, lo que ha generado un incierto marco legal.
El mensaje es claro, «El estándar debe ser reformado ya que no contiene el impacto de los alquileres turísticos sobre la disponibilidad de vivienda y causa confusión legal».
¿Qué ha respondido el gobierno? Desde el Ministerio de Turismo se ha indicado que una propiedad que no cumple con la definición de «alquiler turístico» sigue estando sujeta a ciertos requerimientos, como la necesidad de un depósito de garantía. En los casos donde se detecte fraude por parte de los propietarios, las sanciones pueden oscilar entre 10,000 y 100,000 euros, dependiendo de la gravedad del caso.
A pesar de la controversia, el gobierno está abierto a la posibilidad de realizar ajustes en la normativa. «La ley fue implementada en agosto. Ahora estamos en un período de evaluación y veremos si existen disfunciones que necesiten correcciones», ha reconocido el gobierno regional. También han afirmado que la duración de las estancias puede variar según la ubicación, y han comenzado un proceso para desregistrar viviendas en turismo que no cumplen con los estándares, eliminando 886 propiedades de su registro por falta de documentación en la que se estima que al final del proceso afectará a 34,000 viviendas.
Fotos | Giuseppe Bucola (Unsplash)
En | Si dudas sobre si los pisos turísticos están impactando los precios del alquiler, ya hay un análisis que concluye que han aumentado más del 30%
