Luego de las declaraciones realizadas por el presidente Rodrigo Chaves, se ha generado un ambiente de tensión en la sesión legislativa en relación al manejo del Canon de radio y televisión. La situación se torna más delicada, especialmente si consideramos que, a partir de septiembre, se podrían presentar serias complicaciones en la facturación, lo que ha levantado una ola de inquietud entre los miembros del Parlamento.
La representante adjunta de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas, expresó su descontento y cuestionó abiertamente la advertencia del presidente acerca de las posibles repercusiones. Su postura fue clara durante una entrevista con y durante su intervención en el control político que tuvo lugar el miércoles en el Parlamento.
Rojas argumentó que si el país se enfrenta a una situación crítica de oscuridad, la responsabilidad debería recaer sobre el presidente Chaves y no sobre el Parlamento. «Si el país se ve sumido en la oscuridad, eso es algo de lo que debe hacerse responsable el presidente; tiene el poder para cambiar la situación», declaró Rojas, reafirmando la postura de su partido.
En este sentido, continuó diciendo: «No se construyen soluciones a través de amenazas; se deben buscar acuerdos. Precisamente, encontramos que diversas iniciativas están siendo revisadas en la Comisión de Gobierno y Gestión, y existen múltiples propuestas en espera que podrían facilitar un consenso».
Uno de los proyectos relevantes en curso fue presentado en el seno de la Comisión y se enfoca en establecer un mecanismo de recaudación porcentual que equiparará los ingresos corporativos con el pasar de los años, buscando así un equilibrio que favorezca a todas las partes. Sin embargo, el presidente Chaves retó a la Comisión al señalar que si eventualmente se elimina la señal de las antenas de radio y televisión, esto se debería a la falta de acción del Parlamento, refiriéndose a los intereses de grupos como el propietario de Teletica.
«No vamos a permanecer inactivos hasta septiembre, enseñando a los ciudadanos de Costa Rica dónde están sus intereses económicos y políticos», enfatizó Chaves, llamando a la acción inmediata y efectiva.
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Alvarado espera que el asunto se resuelva de la mejor manera posible.
Escritorio
Adicionalmente, otro proyecto relacionado fue presentado por el diputado libertario Óscar Izquierdo. Desafortunadamente, este proyecto no cuenta con el respaldo del gobierno y la Ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, dejó claro en su pronunciamiento del miércoles que el Ejecutivo no apoya dicha iniciativa.
Según los comentarios de la jerarquía de gobierno, este proyecto podría generar la creación de 3.5 millones de nuevos empleos anuales. Sin embargo, hay preocupaciones sobre el impacto negativo que podría tener en las pequeñas y medianas empresas, ya que el costo y la carga administrativa podrían representar hasta el 65% de sus ingresos.
El presidente del Gobierno, junto con el Comité de Gestión, el Director General Adjunto, Álvarado, se ha comprometido a buscar soluciones y han comenzado a hablar sobre la necesidad de establecer un banco de trabajo que permita encontrar un acuerdo en esta importante cuestión. «Estamos discutiendo la importancia de encontrar una solución que sea beneficiosa para todos, y he prometido dialogar con el vicepresidente Alejandro Barrantes para coordinar una primera mesa de trabajo junto a los diputados y miembros de la comisión», agregó Neorepublican.
«Como presidente de la Comisión, estoy decidido a hallar un texto que satisfaga a todas las partes implicadas y que esté alineado con las necesidades actuales que enfrentamos, además de buscar evitar pagar tarifas exorbitantes», concluyó.
Para Álvarado, el objetivo permanece claro: resolver esta problemática para el mes de septiembre. Es relevante destacar que las concesiones otorgadas a las compañías de radio y televisión en Costa Rica están programadas para expirar el 28 de julio de 2024. Sin embargo, el gobierno ha tomado la decisión de extender este plazo por un periodo adicional de 15 meses, fijando así la nueva fecha límite hasta septiembre de 2025.
