Las tasas (o impuestos) implementadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tienen un impacto significativo en sus socios comerciales, abarcando desde las principales naciones como China y los países europeos hasta naciones más pequeñas, como Costa Rica. Este contexto económico refleja el intento del gobierno estadounidense de equilibrar los desequilibrios comerciales actuales y ajustar las relaciones comerciales con distintos países.
En una tabla presentada por el presidente, aparecen dos cifras: una representa el cálculo del «desequilibrio comercial» que sufren los productos estadounidenses al ser importados a otros países, mientras que la otra cifra corresponde al porcentaje de la tarifa que se planea implementar, siendo el 10% el porcentaje más bajo indicado en este contexto. Esta estrategia busca incentivar la producción nacional y reducir la dependencia de productos importados que compiten con los locales.
El equipo económico de Trump sostiene que Costa Rica ha establecido diversas barreras para la entrada de productos estadounidenses, y se estima que el costo asociado a estas barreras asciende a un 17%, según la misma tabla mencionada. Sin embargo, el detalle sobre cómo se justifica este porcentaje no aparece claramente explicado en la información disponible. Existe un documento titulado «Barreras comerciales extranjeras», elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USR), que podría servir como referencia en este debate y explicar mejor las decisiones arancelarias.
En lo que respecta a Costa Rica, se identifican diferentes obstáculos que afectan a los productos que provienen de Estados Unidos. Resumidamente, la postura de Estados Unidos incluye cinco elementos que consideran barreras arancelarias: tarifas excesivas, importaciones normativas, restricciones sanitarias y fitosanitarias, leyes relacionadas con cuentas públicas y procedimientos que afectan la propiedad intelectual.
En profundidad: punto por punto
Gravamen
Desde el punto de vista impositivo, se denuncia que Costa Rica aplica tasas excesivas a las bebidas alcohólicas importadas. Aunque los productos nacionales pueden ser producidos a gran escala por la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y se benefician de tarifas mucho más bajas que los importados, esto crea una disparidad en el coste de los productos. La carga fiscal también se ve afectada por el hecho de que los importadores de estas bebidas tienen que cumplir con un procedimiento de pago del IVA que difiere significativamente del aplicado a los productos locales. En este contexto, los importadores deben pagar el impuesto en el momento de la nacionalización, mientras que los productos locales tienen un plazo de 15 días, lo que puede afectar indirectamente su competitividad en el mercado.
Barreras sanitarias y fitosanitarias
En cuanto a los aranceles, el gobierno estadounidense cree que los productos agrícolas importados desde su territorio podrían ingresar a Costa Rica sin impuestos. Sin embargo, se señala que el Ministerio de Agricultura de Costa Rica a menudo demora en emitir los permisos fitosanitarios necesarios, lo que obstaculiza la importación de productos en momentos críticos, como durante las temporadas de cosecha. Este retraso puede representar un inconveniente para los exportadores estadounidenses, quien ven limitadas sus oportunidades de negocio en el país. Además, se aborda el hecho de que el mercado de la papa ha estado cerrado desde 2013, aunque actualmente se están llevando a cabo negociaciones para reabrirlo.
«Estados Unidos exportó aproximadamente $3.4 millones en papas a Costa Rica en 2024; sin embargo, se estima que si se solucionan los problemas fitosanitarios, las exportaciones pueden aumentar a más de $5 millones», indica el documento.
Procedimiento
El gobierno también ha expresado inquietudes sobre una regulación nacional del 2016 que exige el llenado de formularios complejos y la difusión de información irrelevante, lo que afecta a las empresas estadounidenses que desean exportar productos de origen animal a Costa Rica. Según el informe, este proceso puede resultar en demoras de varios meses, complicando así la entrada de nuevos productos al mercado. Para abordar este asunto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han buscado una solución alternativa menos onerosa al proceso actual.
Competencia de desventaja
Con respecto a las compras públicas, se observa que las empresas estadounidenses enfrentan desventajas al intentar participar en licitaciones, especialmente en los sectores de tecnología de la información y comunicación. Según el documento, el artículo 2 de la Ley de Compras Públicas en Costa Rica permite la evaluación no competitiva de contratos, lo que limita la capacidad de las empresas estadounidenses para competir en igualdad de condiciones. Se señala también que Costa Rica no es parte del acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que es un requisito desde la implementación del CAFTA.
Software ilegal
En el ámbito de la propiedad intelectual, el gobierno de Estados Unidos ha manifestado su preocupación por el uso de software ilegal en entidades del sector público en Costa Rica. Un análisis realizado por el economista Gerardo Corrales revela que solo 95 de 320 entidades públicas han realizado compras legales de software, lo cual evidenciaría un problema más amplio que necesita ser resolvido. Además, se ha solicitado un control de aduanas más riguroso para abordar las importaciones de productos falsificados o piratas, los cuales generan una competencia desleal para las empresas que operan legalmente.
A pesar de que Trump ha señalado que China impone un gravamen del 67% a los productos estadounidenses, datos de la Organización Mundial del Comercio sugieren que la tasa promedio durante 2024 fue solo del 4.9%. Similarmente, observaciones sobre la Unión Europea e India presentan disparidades en las cifras indicadas por el presidente. Esta inconsistencia en las tasas resaltan la complejidad y los desafíos en la creación de un comercio justo y equilibrado entre naciones. Las tarifas establecidas están programadas para entrar en vigor el 5 de abril.
