El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Plan Mid) ha formulado una solicitud oficial al Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), instando a la suspensión del Régimen Salarial Académico (RSA). Esta petición se fundamenta en la consideración de que dicho régimen fue aprobado sin la realización de estudios técnicos que corroboren su viabilidad financiera o legal, lo cual es esencial para garantizar su validez y sostenibilidad en el tiempo.
Las autoridades del Ministerio han indicado que esta medida tiene como objetivo prevenir los riesgos legales y económicos que podrían derivarse de la falta de respaldo para el modelo implementado. Este tipo de acciones son cruciales, especialmente en el ámbito del empleo público, donde las decisiones deben ser fundamentadas y estar alineadas con principios de transparencia y eficiencia.
‘Estamos actuando de manera responsable. Es imperativo que el país cuente con normas claras y sostenibles para la gestión del empleo público. Un régimen salarial que carece de un respaldo técnico o legal adecuado puede comprometer la equidad, la estabilidad financiera y la certeza legal de las instituciones‘, comentó Marta Esquivel Rodríguez, líder del Plan Mid.
La petición se apoya en un análisis de la información pública disponible recientemente, que ha puesto de manifiesto que el régimen salarial se implementó sin un estudio actuarial específico ni medidas legales que avalen su legitimidad. Esto genera preocupaciones sobre la correcta gestión y regulación de las políticas salariales dentro de la UCR y otras instituciones estatales.
Distintos sectores han expresado su preocupación respecto a la situación; se puede ver más aquí: condenan el salario de «gancho» en UCR.
Desde la perspectiva del Plan Mid, esa falta de estudios priorizados ha dado lugar a «importantes contradicciones, tanto legales como económicas», creando un clima de incertidumbre que puede afectar el funcionamiento de dichas instituciones.
Como organismo regulador del empleo público, el Ministerio enfatiza que la Ley de Marco de Empleo Público establece que todas las universidades estatales, incluyendo la UCR, deben garantizar principios de eficiencia, razonabilidad y transparencia. Esta normativa exige que cualquier regulación salarial esté respaldada por estudios que sean considerados confiables y que validen la estructura salarial existente.
Adicionalmente, se ha señalado que «la continuidad de este régimen sin el soporte correspondiente puede incluso dar lugar a procesos legales», lo cual explica el carácter preventivo de la solicitud de suspensión planteada por el Ministerio.
Pedro Méndez, un profesor de la UCR y exsecretario académico, ha señalado que los aumentos automáticos del RSA para ciertas posiciones -como las de decanaturas- han resultado en un incremento que puede ser hasta seis veces mayor en comparación con los salarios más bajos. Este fenómeno se conoce como un modelo de «gancho», donde los aumentos salariales son calculados en base a una sola posición de referencia.
‘Desde el Plan Mid reiteramos la importancia de que cualquier política salarial en el sector público esté fundamentada en bases técnicas claras, criterios legales sólidos y estudios financieros actualizados, lo cual es esencial para la sostenibilidad del empleo público y el uso responsable de los recursos estatales‘, expresó Esquivel Rodríguez en su intervención.
