En el contexto político de Costa Rica, la situación que enfrenta el presidente Rodrigo Chaves es compleja y delicada. Luego de que el abogado Carlo Díaz hiciera acusaciones en su contra, que incluyen el supuesto delito de conmoción cerebral, es vital entender cuál es el procedimiento que se seguiría para avanzar con un proceso judicial en su contra. Este tipo de acusaciones no son triviales y requieren un enfoque metódico. El presidente, al ser una figura de alto rango y liderazgo, goza de ciertas protecciones legales conocidas como inmunidad. Esta inmunidad y el debido proceso están protegidos por la Constitución Política, lo que significa que cualquier acción para procesar a un funcionario de tan alto nivel debe seguir un procedimiento específico y riguroso.
De acuerdo con lo que estipula el Departamento de Técnicos de la Asamblea Legislativa, así como con resoluciones firmadas por la Presidencia del Congreso, existe un protocolo definido que se debe seguir en estos casos. Para iniciar un proceso, es fundamental contar con el respaldo de al menos 38 votos en la Asamblea, lo que permitiría levantar la inmunidad del presidente y así permitir que la sala criminal lo procese por las acusaciones. Esta etapa es crucial y refleja la importancia del consenso político en situaciones tan delicadas como esta.
¿Qué dice la oposición?
En la oposición, están muy atentos a cómo se desarrollará la situación. La fracción del Partido Nacional de Liberación (PLN), liderada por Ovscar Izquierdo, ha expresado su descontento con la situación, ya que se lamenta que un presidente de la República esté bajo la sombra de una acusación criminal. Izquierdo afirmó que el Legislativo actuaría de acuerdo con los procedimientos legales, y si se llega a la necesidad de eliminar la inmunidad de Chaves, están dispuestos a reunir los votos necesarios para ello.
Por su parte, Antonio Ortega, líder de la fracción del Frente Amplio (FA), también se pronunció al respecto, sugiriendo que si Chaves realmente respeta las leyes y la institucionalidad del país, debería renunciar a su inmunidad para facilitar el proceso judicial y demostrar su disposición a colaborar con la justicia.
María Marta Carballo, del Partido Cristiano Social, expresó que su bancada prefiere esperar el desarrollo normal del procedimiento antes de tomar una decisión. En cambio, José Pablo Sibaja, líder de la fracción de la Nueva República, instó al presidente a alejarse de su inmunidad, aunque señaló que no tomarán una decisión precipitada hasta estudiar todos los aspectos del caso.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), reiteró que hay un proceso que debe llevarse a cabo y destacó la importancia de seguir los pasos adecuados para abordar la cuestión de la inmunidad.
Comunicación a la Asamblea Legislativa
Una vez que se presenta oficialmente la comunicación sobre las acusaciones a la Presidencia del Congreso, es su responsabilidad notificar a los diputados, tanto damas como caballeros, para que reciban el documento correspondiente, que es confidencial por naturaleza.
El proceso puede seguir dos caminos principales:
- La primera opción es que el Presidente de la República acepte renunciar voluntariamente a su inmunidad, facilitando así el progreso del caso.
- La segunda opción, que es más laboriosa, involucra la formación de una comisión legislativa compuesta por tres delegados seleccionados por diferentes fracciones.
Corresponde al presidente convocar a estos jefes de fracción para acordar una fecha y proceder con la formación de esta comisión especial.
Una vez instalada la Comisión, deberá cumplir con los plazos establecidos para la entrega de sus informes y decidir sobre la necesidad de extensiones.
¿Cómo funciona esa comisión?
La Comisión que se forme, deberá examinar los documentos presentados por la Corte Suprema y proporcionar al presidente Chaves, así como a otros delegados, la oportunidad de aclarar los temas en discusión.
Este grupo de trabajo aceptará todas las pruebas y testimonios ofrecidos por ambas partes, tanto por el acusado como por la acusación, culminando en un informe detallado que acompañará la conclusión de las reuniones.
El informe, junto a los documentos pertinentes, será leído en una sesión pública con la presencia del acusado, quien tiene derecho a participar y defenderse ante la Asamblea.
Tras la culminación de la fase de investigación, se procederá a votar sobre el informe final; esta votación determinará si se concede o no el levantamiento de la inmunidad, lo cual es necesario para que se inicie un proceso formal en el ámbito judicial.
Votar
Todo el proceso culminará con la introducción del informe de la Comisión Especial en la sesión decisoria, donde se tomará en cuenta cualquier informe minoritario que también pueda haberse generado.
Para que la Comisión pueda considerar el asunto, deberá aprobar una moción que requiera al menos 38 votos a favor.
Cada delegado tendrá un tiempo limitado de 15 minutos para expresar su postura sobre el asunto.
El informe de levantamiento de inmunidad requerirá, sin excepción, de 38 votos favorables para ser aprobado.
Una vez que el informe sea aprobado, se notificará a la Corte Suprema y se permitirá que el proceso continúe en la tercera sala.
