La Universidad de Costa Rica (UCR) ha sido reconocida durante muchas décadas como un símbolo de excelencia académica y de desarrollo del pensamiento crítico en la educación superior del país. Esta noble institución ha desempeñado un papel fundamental en la formación de profesionales y en la promoción del bienestar social. Sin embargo, en los últimos tiempos, el prestigio asociado a la UCR ha comenzado a desdibujarse, y su nombre ha sido vinculado a una serie de escándalos administrativos, deficiencias en la gestión de recursos y decisiones que parecen traicionar la confianza de la sociedad costarricense.
Lo que está ocurriendo en esta institución no solo es decepcionante, sino que también es profundamente insultante para todos los ciudadanos de Costa Rica que financian la universidad a través de sus impuestos. Estos ciudadanos esperan que su inversión en educación superior se traduzca en un beneficio tangible para el país y su pueblo. Sin embargo, las noticias recientes sugieren que la administración de la UCR ha perdido de vista su misión principal, priorizando intereses que no reflejan las necesidades de la ciudadanía.
En un contexto donde miles de estudiantes enfrentan dificultades económicas serias para proseguir con su educación y el país se enfrenta a una intensa crisis de desigualdad, la UCR ha propuesto la increíble suma de 7,000 millones de colones para cumplir con una migración hacia un nuevo régimen salarial. No se trata de un mero comentario o de una broma, sino de una demanda formal que ha sido respaldada por un informe actuarial que fue entregado a la rectoría en noviembre de 2024, poco tiempo después de que el consejo universitario aprobara dicha reestructura salarial.
Este informe, elaborado por la Escuela de Matemáticas de la misma universidad, estima que los gastos iniciales rondarán los 3,000 millones de colones, cifra que se espera crezca gradualmente hasta alcanzar los 7,000 millones en un periodo de diez a quince años. Todo esto para mantener los privilegios de una estructura administrativa que parece estar desconectada de la realidad y de las exigencias de austeridad que el país necesita en este momento crítico.
Se menciona que con el nuevo régimen salarial académico (RSA) se alcanzarían ahorros acumulados superiores a los 30,000 millones de colones; sin embargo, se prevé que el alivio real no llegaría hasta el año 2040. Esta situación plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad financiera de una institución que sigue aumentando su gasto sin una clara justificación. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde queda la justicia en el uso de los recursos públicos?
Añadiendo a esta problemática, han surgido escándalos aún más alarmantes. El Consejo Universitario ha enfrentado a la Oficina del Fiscal luego de que se detectaran irregularidades en la construcción de cuatro edificios, a raíz de advertencias emitidas por el controlador universitario. Las investigaciones apuntan a posibles falsedades para inflar costos en proyectos, como el Laboratorio PET/CT Cyclron, que ya ha generado un desembolso adicional para la universidad por medidas correctivas debido a la falta de control en la ejecución de dichos proyectos. La Oficina del Fiscal Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ya ha llevado a cabo arrestos en este caso, lo cual demuestra la gravedad de la situación.
Ante toda esta controversia, surge la pregunta: ¿quién asumirá la responsabilidad? ¿Quién rendirá cuentas al pueblo costarricense por el uso cuestionable de los fondos públicos? Si bien el Rector Carlos Araya ha expresado su disposición para colaborar con la investigación, esta retórica no es suficiente. Lo que se necesita es una verdadera responsabilidad institucional, un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, el nuevo sistema de aumentos salariales beneficia en gran medida a los decanos y a la alta dirección, quienes ya perciben salarios elevados, perpetuando así las desigualdades dentro de la propia universidad. La implementación de un mecanismo que favorece a una élite alejada de las verdaderas necesidades de los estudiantes es completamente contrario a los principios de equidad y eficiencia que deberían gobernar una institución educativa de esta magnitud.
Es necesario poner las cosas en su lugar: los estudiantes deben ser la prioridad, no los privilegios de unos pocos ni los proyectos megalómanos sin justificación. No debemos seguir apoyando un sistema que favorece a aquellos que se encuentran distantes de la realidad académica y social del país. Ha llegado el momento de dejar de defender lo indefendible y de poner fin al uso de la autonomía para encubrir excesos.
La Universidad de Costa Rica necesita urgentemente una reorientación ética y económica, así como una revaluación profunda de sus prioridades. También se hace imprescindible una reestructuración de su relación con la ciudadanía, ya que no puede existir educación de calidad si no se construye sobre los pilares de la transparencia y la rendición de cuentas. La excelencia académica no puede ser compatible con la opacidad y el despilfarro.
Es evidente que la universidad pública juega un papel crucial en el desarrollo de Costa Rica, pero no a cualquier costo. No podemos permitirse el lujo de vivir en medio de derroches, mientras aquellos que verdaderamente deberían recibir el mayor apoyo, los estudiantes, continúan siendo los que menos atención reciben. Su futuro y el del país dependen de que reconozcamos nuestras prioridades y actuemos en consecuencia.
¡La publicación que para relajarse con el UCR! Apareció primero en el periódico extra.
