La obtención del video de seguridad que capturó una ácida discusión entre el presidente Rodrigo Chaves y el empresario Christian Bulgarelli ha desencadenado una serie de acciones judiciales. La situación se ha vuelto aún más compleja y ha llevado a la intervención de las autoridades correspondientes, quienes están tras la pista de este material audiovisual crucial.
Aunque el audio y el tema en cuestión brotaron el pasado lunes, los eventos que motivaron estas acciones se produjeron el viernes 21 de marzo. Solo tres días después, el 24 de marzo, el Ministro de Justicia realizó una solicitud formal al Instituto de Investigación de Justicia (OIJ) instando a la obtención de los videos correspondientes en ese preciso momento. El OIJ tuvo conocimiento de que Sami Oij había visitado el restaurante donde tuvo lugar el incidente.
En el caso registrado bajo el número 168-Oecdo/Secdo I-2015, tres oficiales del OIJ llevaron a cabo una visita al establecimiento, cuyo propietario resultaba ser un conocido del personal. Sin embargo, tras consultar con un abogado, el propietario decidió no suministrar el material solicitado, lo que fomentó nuevas acciones de parte del OIJ para conseguir dicho video.
Este procedimiento forma parte de las investigaciones policiales que están relacionadas con el caso identificado por el número individual 25-000019-0033-PE, en virtud de delitos que perturban el orden público y que han seguido a las actuaciones del presidente Chaves y otros involucrados.
Los agentes que participaban en la investigación, que se desarrollaba en el entorno de la bolsa de valores, intentaron hablar directamente con el abogado del propietario del video en un esfuerzo por conseguir el acceso a la grabación.
Durante estas conversaciones, también plantearon que existe una alternativa para obtener el material, como sería proceder con una intervención más formal para asegurar el acceso a la grabación.
En ese momento, el acceso al video directamente desde el restaurante fue inviable; sin embargo, según los informes del OIJ, el 25 de marzo se logró obtener los archivos de forma electrónica, lo que facilitó el avance en la investigación.
OIJ Verifica 4 minutos, 19 segundos
Una vez que se accedió al archivo digital, la unidad especializada en crímenes organizados del OIJ revisó el video cuidadosamente.
El informe acerca del incidente señala que la supuesta reunión tuvo lugar entre las 12:32 y las 12:36 del 21 de marzo.
Se reporta que Bulgarelli estaba comiendo en el restaurante cuando el presidente, acompañado por el diputado Pilar Cisneros, se acercó a él, dando inicio a una serie de intercambios entre Bulgarelli y Chaves. El contenido específico de estos diálogos resulta inalcanzable debido a que el video no incluye audio, dejando fuera de contexto las imágenes que se han registrado.
Al mismo tiempo, algunos de los asociados de Bulgarelli estaban presentes en la escena. Adicionalmente, se observó la intervención de los escoltas que acompañaban al presidente, así como el esfuerzo de Cisneros por mediar en la conversación.
A pesar de que la narrativa completa de este intercambio no está presente en la grabación, el OIJ subrayó la responsabilidad del presidente Chaves en lo que se describe como un comportamiento inadecuado durante este encuentro.
Parte del expediente principal
Los eventos visualizados en el video forman parte del documento 25-000019-0033-PE.
Según información del Ministerio Público, en este expediente se documenta que el acuerdo implicaba la eliminación de Bulgarelli de la empresa RMC LA SA, cuyo objetivo era ofrecer comunicación, servicios de marketing, asesoría estratégica, producción de contenidos y análisis de opinión pública para la oficina presidencial de Costa Rica.
En el inicio de la semana, el Ministerio Público presentó acusaciones contra el presidente Chaves Robles, así como contra el actual Ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien anteriormente ejerciera como jefe de comunicación. Las acusaciones se basan en un supuesto delito de perturbación del orden público.
Estos delitos pueden acarrear penas que van de dos a ocho años de prisión para cualquier funcionario público que abuse de su cargo, forzando o alentando a alguien a ofrecer o prometer, de forma inapropiada, algún tipo de beneficio patrimonial para sí mismo o un tercero.
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Un aspecto que ha llamado la atención es que el proceso judicial se está llevando a cabo con la participación de Bulgarelli como «testigo de la corona».
Según la alegación presentada por la fiscalía, el Sr. Christian Bulgarelli fue presionado y motivado para proveer beneficios indebidos bajo el contexto de su vinculación económica en Centroamérica, a favor de un asesor específico del gobierno. El informe menciona que, antes de llevar a cabo el proceso de reclutamiento, los funcionarios habían tenido múltiples encuentros en la sede presidencial, donde se discutieron los términos de su contrato junto con Bulgarelli, lo cual expande la complejidad de estas interacciones.
