En Santa Cruz, Bolivia, el pasado 10 de abril, se desató una intensa serie de protestas lideradas por transportistas, quienes han tomado la decisión de bloquear las principales vías urbanas de La Paz. Esta movilización surge en un contexto de creciente inflación y descontento, donde los conductores exigen al secretario de transporte libre, Limbert Tancara, un incremento en las tarifas que consideran justificado debido a la «inflación de hecho» que afecta a la población.
“Actualmente, hay 60 puntos bloqueados en la ciudad de La Paz, distribuidos en varias áreas estratégicas. Sin embargo, hemos decidido facilitar el paso a los vehículos de emergencia y a aquellos destinados al transporte escolar,” comunicó el Consejo Municipal en una interacción con la prensa local, subrayando la voluntad de preservar algunos servicios esenciales en medio del caos.
Las estadísticas económicas han presentado un panorama alarmante. En el mes de febrero, Bolivia reportó una inflación mensual del 1.26%, lo que se traduce en un acumulado del 3.24% en lo que va del año. Según el Instituto Nacional de Estadística (INA), las proyecciones anuales de inflación se estiman en un alarmante 7,5%. Esto ha llevado a muchos a considerar que la situación económica podría presionar el mercado laboral, haciéndolo más inestable.
Uno de los principales problemas radica en el costo de los productos básicos, los cuales han aumentado considerablemente en los últimos meses. Entre los productos que han visto un notable incremento en su precio se incluyen elementos esenciales como arroz, carne de res, pollo, aceite comestible y harina de trigo, lo que ha generado una gran preocupación entre los ciudadanos y ha intensificado las tensiones sociales.
Además de los problemas de inflación, las reservas internacionales de Bolivia han disminuido drásticamente, cayendo cerca del 50% en un período de dos años. De 3,796 millones de dólares en 2022, han descendido a 1,800 millones de dólares hasta enero de 2025. Esta caída, reportada por el Banco Central de Bolivia (BCB), plantea serias inquietudes sobre la sostenibilidad económica del país y sus capacidades para afrontar futuras crisis.
