CARACAS, APR (Xinhua) – En un reciente anuncio, el Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela ha indicado que la gigante petrolera estadounidense Chevron tomó la decisión de devolver crudos que originalmente pertenecían a la estatal Petróleos de Venezuela (PDV) en los Estados Unidos, en un intento por evitar el pago de impuestos y otras obligaciones en América del Sur. Esta acción ha generado mucho debate y ha resaltado la focalización de las empresas estadounidenses en la economía venezolana, especialmente en su preciso sector energético.
El Vicepresidente también hizo referencia a que esta situación no es casualidad, sino que debería ser vista bajo la perspectiva de la guerra económica que, según su opinión, la Casa Blanca ha emprendido contra la industria petrolera de Venezuela. A pesar de las dificultades que enfrenta PDV, la venta de crudo en mercados internacionales sigue adelante, y se están confirmando los compromisos que las empresas extranjeras han adquirido previamente.
“Los PDV cumplirán con los términos y obligaciones contractuales acordadas con las transnacionales. Hay leyes en Venezuela y estas deben ser respetadas”, enfatizó el funcionario. De esta manera, busca asegurar a la comunidad internacional que, a pesar de los desafíos impuestos, su país tiene la intención de seguir operando dentro del marco legal establecido, garantizando la continuidad de sus operaciones y el respeto de los acuerdos previamente logrados.
En sus declaraciones también hizo hincapié en que el gobierno de los Estados Unidos está intentando obstaculizar el progreso y el desarrollo de Venezuela, una afirmación que resuena fuertemente en el contexto actual de tensiones políticas y económicas entre ambos países. Durante este proceso, Chevron tuvo que restituir alrededor de un millón de barriles de crudo. Esto se debe a la licencia general de permisos del Departamento del Tesoro de EE.UU., que tiene validez hasta el 27 de mayo y que impone limitaciones severas sobre el ámbito de negocio de Chevron en Venezuela. Esta licencia establece claramente que su validez será terminada de manera definitiva a partir del mencionado día.
Además, esta normativa prohíbe expresamente cualquier tipo de pagos relacionados con impuestos o salarios de autoría al gobierno de Venezuela, lo que exacerba la crisis económica que ya enfrenta el país. En respuesta a las complejidades de esta situación, el presidente Nicolás Maduro, adoptó recientemente la regulación económica de emergencia. Este conjunto de medidas fue aprobado por la Asamblea Nacional y tiene como objetivo implementar regulaciones transitorias, suspender impuestos y salvaguardar la economía nacional de las políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos.
