Ciudad de San José / Panamá (DNP) .- Las autoridades de Costa Rica, junto con sus homólogos panameños, están llevando a cabo una exhaustiva investigación destinada a desentrañar un elaborado esquema financiero que involucra conceptos relacionados con declaraciones fiscales y pagos de impuestos que superan los 100 millones de dólares. Este esquema se está desarrollando a través del Banco Racial de Costa, que cuenta con diversas sucursales en el reconocido Centro Bancario de Panamá.
De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación que ha sido destaca en los medios de comunicación de Panamá, la pesquisa se originó en Costa Rica tras la detección de un posible incumplimiento fiscal que podría exceder los 10 millones de dólares. Este hallazgo alarmó a las autoridades locales y resultó en la activación de los protocolos correspondientes para investigar a fondo el asunto.
Las primeras auditorías fueron realizadas por el Ministerio de Finanzas de Costa Rica, donde los investigadores señalaron la existencia de una intrincada red internacional de empresas que están registradas en ambos países, Costa Rica y Panamá. A medida que avanzó la investigación, se identificó que estas sociedades estaban interrelacionadas, constituyendo parte de lo que se califica como un «grupo económico» o una «tenencia». Este tipo de agrupación podría ser considerado como el principal propietario del banco implicado en las operaciones que ahora son objeto de supervisión rigurosa.
Las transacciones cuestionadas se habrían ejecutado a lo largo del año 2023, añadiendo una capa de complejidad adicional al caso.
La denuncia inicial que dio pie a la investigación fue presentada en contra de un empresario costarricense, quien ha sido identificado como el verdadero propietario de las empresas implicadas, entre las cuales se incluye el banco que llevó a cabo las transacciones financieras examinadas.
Adicionalmente, se han enviado informes al Ministerio Público de Panamá, que indican que la ausencia de documentación que respalde el origen de ciertos fondos generados plantea serias dudas sobre la legitimidad de las operaciones realizadas. Hay, además, indicios de que un patrón repetitivo de transacciones podía apuntar a un mecanismo de fraude fiscal a nivel internacional, lo cual agrega un matiz aún más grave al caso.
Las autoridades de Costa Rica y Panamá continúan colaborando para determinar la extensión total de este esquema financiero, tratando de establecer una posible responsabilidad tanto penal como administrativa de los involucrados en esta compleja trama financiera.
