MADRID 18. (Europa Press) – En una nueva medida que ha despertado amplias repercusiones en el ámbito académico, el Departamento de Educación de los Estados Unidos ha solicitado formalmente a la Universidad de Harvard la entrega de una lista integral de donaciones recibidas desde el extranjero. Esta demanda surge en el contexto de una reciente reunión entre líderes del gobierno estadounidense y representantes de la prestigiosa universidad, donde se abordaron preocupaciones sobre el creciente sentimiento antisemita que algunos atribuyen a ciertos comportamientos y actividades dentro de la institución.
La secretaria de educación, Linda McMahon, emitió una declaración en el sitio web del Departamento, enfatizando la necesidad de transparencia por parte de Harvard. «Como receptor de fondos federales, la Universidad de Harvard tiene el deber de ser abierta en relación con las fuentes y los gobiernos extranjeros que la financian. Desafortunadamente, nuestra revisión ha señalado que Harvard no ha sido completamente transparente o exacta en sus comunicaciones, lo que es inaceptable e ilegal», afirmó McMahon, reflejando una postura contundente del gobierno en este asunto.
El requerimiento del gobierno no se limita únicamente a la recopilación de donaciones. Exige también que Harvard proporcione un registro detallado de todos los obsequios, becas y contratos provenientes de fuentes extranjeras, así como un inventario de «registros de estudiantes extranjeros expulsados o extranjeros cuyas secciones favorables hayan sido canceladas desde el 1 de enero de 2016».
Adicionalmente, el Ministerio de Educación también demandó una lista de investigadores, académicos, estudiantes y visitantes que estén asociados con autoridades extranjeras o que tengan algún tipo de relación con estas. Esta solicitud tiene como objetivo garantizar un mayor control sobre las influencias externas que podrían estar afectando la integridad académica de la institución.
La Universidad de Harvard se enfrenta a un plazo inminente, ya que ha sido ordenada para presentar, antes de finalizar el mes, otra serie de «registros detallados» que aborden presuntas actividades ilegales y violentas relacionadas con visas de estudiantes extranjeros. El incumplimiento podría tener serias repercusiones, incluyendo la posibilidad de perder programas de intercambio estudiantil valiosos.
Además, el gobierno ha decidido cancelar dos subsidios que suman más de 2.7 millones de dólares (aproximadamente 2.3 millones de euros) destinados a Harvard, justificando que estas acciones «socavan el valor» del país. En respuesta a estas acusaciones, el presidente de la institución, Alan Garber, ha subrayado que no hay autoridad gubernamental que deba dictar qué pueden enseñar o investigar las universidades privadas. «La independencia de la universidad y los derechos constitucionales no están a discusión. Ni Harvard ni ninguna otra universidad privada deben someterse a la intromisión del gobierno federal», advirtió Garber, reflejando el fuerte compromiso de la institución con su autonomía académica.
