El reciente anuncio realizado por el presidente Rodrigo Chaves, donde amenazó con el veto de la ley, marcó un momento determinante en la Asamblea Legislativa. Este martes, casi todos los sustitutos legislativos lograron ser aprobados en una votación que finalmente alcanzó la cifra de 22,817 votos, lo que indica un respaldo significativo a la propuesta en cuestión.
Una de las medidas que más ha generado atención es la que se encuentra relacionada con el Defensor del Pueblo del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). Este organismo busca fortalecer el esquema de pensiones para su personal, que actualmente se encuentra en un límite de 55 años de edad en términos de jubilación.
El respaldo fue bastante amplio, con un total de 40 suplentes votando a favor y solo el partido gobernante manifestando su oposición. Es importante recordar que esta propuesta fue presentada originalmente en el año 2021, cuando Drago Donolescu era el CEO y vicepresidente, y finalmente, ha llegado a esta etapa impulsada por Alejandra Larios del partido Verdiblanco.
Larios expresó su satisfacción tras la aprobación del proyecto en su segunda discusión, resaltando la importancia de este avance. «Estoy muy contenta con que hayamos conseguido los votos requeridos para seguir adelante con este proyecto de ley», afirmó, a la vez que agradeció a todas las autoridades policiales del país por su arduo trabajo y dedicación.
Además, Larios defendió la labor del Ministro de Justicia, subrayando que los funcionarios del OIJ dedican alrededor de 3,000 horas de trabajo al año, con un horario habitual de 12 horas diarias, lo que evidencia la carga laboral a la que se enfrentan. Esta reforma permitirá a los empleados del OIJ acceder a una pensión anticipada a los 55 años, siempre que cumplan con ciertos requisitos, siendo el más relevante haber trabajado al menos 30 años dentro de la institución.
La ley establece que quienes se retiren bajo esta nueva normativa podrán recibir pensiones equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, ajustados de acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC) durante el mismo período, un aspecto que ha generado debates sobre la sostenibilidad de los beneficios bajo este sistema de pensiones.
Comentario adicional: los agentes ya llevaron a cabo el primer debate del proyecto que permitirá a los agentes del OIJ solicitar pensiones a los 55 años.
Chaves amenazó con ejercer veto contra el proyecto. (Cortesía/Oficina Presidencial).
Sin años de servicio
El proyecto también incluye el artículo 226, el cual detalla el procedimiento para la jubilación anticipada en caso de no cumplir con el número requerido de años de servicio. Este artículo es crucial para clarificar las condiciones bajo las cuales un empleado puede solicitar su retiro prematuro. En su redacción se establece que, aunque el servidor cumpla con la edad requerida para retirarse, si no acredita al menos treinta años de servicio en la institución, la jubilación no será proporcional a esos años servidos.
El texto menciona que el cálculo de la pensión se ajustará dependiendo de los años efectivamente trabajados. Para determinar el monto que recibirá el solicitante, se multiplicará la suma base, que se calcula conforme a lo indicado en el artículo previo, por el número de años que efectivamente ha servido, y este resultado se dividirá por treinta, lo que generará el monto total de la pensión.
Pilar Cisneros, una de las voces críticas del proyecto, comentó que «esto es un error gravísimo, un error muy grave. Ahora, ¿qué le vamos a decir a la policía o a los bomberos, que también arriesgan su vida?», en referencia a las implicaciones que pudiera tener esta reforma en el trato y las condiciones de los empleados del OIJ.
Con los votos que respaldaron el proyecto en el segundo debate, si Rodrigo Chaves decide vetar el avance en los próximos diez días, el apoyo obtenido podría ser suficiente para restablecer la iniciativa.
