La reciente sesión legislativa ha adoptado una resolución en el marco del primer documento de discusión, identificado con el número 24,311, el cual establece un Protocolo para la desaparición de las mujeres de edad legal.
Este proyecto ha sido denominado «Kimberly Alert», en memoria de la tragedia que rodeó el femicidio de Kimberly Araya, una mujer de 33 años, madre de tres hijos, quien estuvo desaparecida durante una semana antes de que su cuerpo fuera hallado en la ruta 32, en la zona de Jadri, cerca del famoso túnel Zurquí. Este caso resalta la urgencia de abordar el alarmante problema de la desaparición de mujeres en el país.
La propuesta fue introducida por la legisladora del Partido Social Cristiano, Maria Marta Carballo, y tiene como objetivo principal reforzar la prevención, la atención y la respuesta ante los casos de desaparición de mujeres en Costa Rica. La iniciativa promueve la implementación de un protocolo de acción que permita obtener respuestas rápidas y efectivas en situaciones de desaparición.
“Nuestra esperanza es que esta iniciativa actúe como una herramienta eficaz tanto para organismos como el OIJ (Organismo de Investigación Judicial), el Ministerio Público, y la ciudadanía en general, facilitando así una búsqueda más expedita de personas desaparecidas y en lo posible, prevenir los femicidios, que son una plaga que afecta a nuestro país en la actualidad”, expresó la legisladora Carballo en una reciente declaración.
La propuesta será debatida nuevamente la próxima semana, cuando se procederá a una votación en otra discusión, y posteriormente será enviada al Poder Ejecutivo para que sea firmada por el presidente Rodrigo Chaves.
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El proyecto es de Maria Marta Carballo.
El alcance
La iniciativa para la creación de un protocolo nacional consta de tres etapas distintas, que involucran a múltiples entidades, como la policía local, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el poder judicial, la policía fronteriza, así como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
“Su implementación abarca no solo la prevención de desapariciones, sino también la búsqueda activa y el seguimiento de los casos que han sido resueltos y aquellos que permanecen sin resolver. Además, garantiza un acompañamiento institucional para las familias afectadas y los círculos cercanos de las personas desaparecidas”, se menciona en el texto de la propuesta.
La documentación señala tres instrumentos fundamentales que se establecerán como parte del protocolo:
- La intervención de comunicación y el acceso a documentos privados cuando exista una sospecha razonable de que un individuo tiene información relevante que podría ayudar a resolver el caso.
- La distribución obligatoria y gratuita de alertas a través de medios de comunicación y plataformas digitales, tanto para casos de mujeres desaparecidas como para aquellos que han sido catalogados como no resueltos.
- La imposibilidad de que la persona notificada o no localizada pueda salir del país, lo que facilitará su localización y el avance de las investigaciones.
