El Tribunal Penal de San José ha tomado una importante decisión al anular las medidas cautelares impuestas a dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) que enfrentan acusaciones de delitos contra el Tesoro público. Según las acusaciones, estos funcionarios habrían manipulado los fondos estatales durante la construcción de varios edificios universitarios, lo que ha generado preocupaciones sobre la integridad y la gestión de los recursos públicos.
En una resolución publicada el 21 de abril, el Tribunal decidió eliminar las causas preventivas que habían sido impuestas anteriormente. La razón principal para esta anulación radica en que «la resolución de apelación sufre de vicios que afectan su validez». Esto se debe a que la resolución no logró individualizar adecuadamente los riesgos procesales ni justificar de manera convincente la necesidad y proporcionalidad de las medidas cautelares impuestas. Esto plantea un debate más amplio sobre la forma en que se manejan estos casos en el sistema judicial costarricense.
La investigación relacionada con los funcionarios, identificados como Murillo y Soto Retana, llevó a la implementación de medidas como la suspensión de sus puestos de trabajo, la prohibición de acercarse a los testigos y la restricción de acceso a las oficinas de la Oficina Ejecutiva del Programa de Inversión (OEPI), hasta que se llevara a cabo un debate final sobre el caso. Sin embargo, ahora que se han anulado estas precauciones, los funcionarios podrían retomar sus funciones en la universidad mientras se espera la programación de una nueva audiencia judicial.
Un aspecto significativo de este caso es el proyecto del Ciclotrón, que se realizó entre los años 2017 y 2020. Este proyecto estuvo destinado a desarrollar un laboratorio que se centraría en la producción de productos radiofarmacéuticos esenciales para el tratamiento del cáncer. El financiamiento del proyecto estaba previsto que se llevara a cabo a través del Banco Mundial, lo que añade una capa de complejidad adicional a la situación. Si bien se esperaba que este laboratorio beneficiara a muchos pacientes en el país, los problemas de administración de fondos públicos han puesto en tela de juicio la efectividad y la transparencia del proyecto, aun cuando estos productos nunca llegaron a ser entregados a la UCR.
La situación es un recordatorio de las dificultades a las que se enfrentan las instituciones públicas en Costa Rica, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos y la aplicación de medidas legales. La anulación de las precauciones por parte del Tribunal Penal de San José no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también plantea preguntas más amplias sobre los procesos legales y la protección de los derechos de los acusados en casos donde se manejan fondos públicos. Esta decisión podría tener implicaciones significativas no solo para los acusados, sino también para el futuro de la gobernanza y la rendición de cuentas en instituciones públicas como la Universidad de Costa Rica.
