El magistrado del Gobierno Constitucional recientemente dictó una declaración crucial en la que se menciona que la consulta no fue autorizada debido a la decisión de 21 diputados que alegaron diversas violaciones de la ley en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. Esta situación fue discutida y aprobada durante una sesión legislativa, formalizándose mediante el documento número 22,834.
Este proyecto, que ha sido denominado «capital emergente», busca otorgar al ministerio público la potestad de solicitar aprobaciones para pronósticos y establecer medidas cautelares preliminares ante el tribunal administrativo y civil. El propósito de esta iniciativa es asegurar, congelar, retener o validar activos financieros, lo que podría tener un impacto significativo en la dinámica de la justicia financiera y la lucha contra la corrupción.
La implicación más relevante de este proyecto es que se faculta a las autoridades para congelar los activos de individuos que sean sospechosos de participar en delitos, sobre todo en casos de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito. Lo alarmante es que esta acción podría llevarse a cabo antes de que se inicien las respectivas investigaciones, lo que genera preocupaciones sobre la presunción de inocencia y los derechos de los ciudadanos.
El año pasado, tras la aprobación del primer debate sobre este proyecto, varios diputados alternativos decidieron enviar la consulta al compartimento. Sin embargo, se determinó que esta consulta no tenía fundamento en la estructura organizacional existente, y se realizaron solo pequeños cambios, los cuales fueron revisados y aprobados en primera discusión por el Comité Asesor Constitucional.
Los representantes del PLP, el partido gobernante, junto con algunos miembros de los Pusc y la Nueva República, han introducido una nueva consulta al respecto. Dicha consulta enfatiza que ante el Tribunal Constitucional, las medidas cautelares prospectivas y provisionales no deberían ser autorizadas sin una amplia consideración de principios como el de la inocencia, la defensa legal, la justicia y aspectos relacionados con la libertad condicional y normas contractuales.
En sus declaraciones, los magistrados afirmaron: «Además, los diputados no justificaron la existencia de una novela en esta nueva consulta, lo que obstaculiza el avance del proceso legislativo y la aplicación de la autoridad constitucional de la Legislatura». Estas palabras resaltan un descontento con la forma en que se está manejando el debate y sus implicaciones para el estado de derecho.
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¿Por qué en contra de eso?
Los diputados opositores a esta iniciativa han expresado su preocupación, argumentando que los derechos de los ciudadanos podrían ser vulnerados al permitir la confiscación de bienes sin que haya quejas formales en su contra. Este tema suscita un debate crítico sobre la equidad y la justicia en la aplicación de la ley.
Además, se ha eliminado el umbral económico que anteriormente se consideraba necesario para justificar una posible congelación de bienes. Esto significa que, ante una simple sospecha, sin necesidad de acusaciones formales, se podrían congelar los bienes de un individuo. Pilar Cisneros, líder del partido gobernante, se pronunció sobre el asunto, manifestando: «La carga de la prueba se invierte; ya no se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, sino que la persona se considera culpable hasta que pueda demostrar su inocencia”.
Eli Feinzaig, del PLP, añadió que la propuesta tiene deficiencias significativas, destacando que carece de un umbral claro y que los bienes podrían ser congelados sin acusaciones formales. Además, se establecieron plazos cortos de tres días para que las personas puedan demostrar el origen lícito de sus propiedades, lo cual es altamente problemático.
En su resolución, los magistrados señalaron que, al analizar la nueva consulta, habían encontrado que la única enmienda al proyecto de ley era la eliminación de un punto específico, relacionado con «atención a los criterios emitidos por esta sentencia en la opinión número 2024-029411”.
«En el resto, el proyecto permaneció intacto, sin anunciar un nuevo episodio», concluyeron los magistrados, subrayando la falta de cambios significativos en un marco legal que muchos consideran críticamente importante para la justicia y la protección de los derechos de los individuos.
