El Gobierno de la República ha decidido ejercer su derecho de veto sobre el proyecto de ley que propone establecer una pensión anticipada para los agentes del Agencia de Investigación Judicial (OIJ), permitiendo que se jubilen a los 55 años de edad. Este veto se fundamenta en consideraciones de «oportunidades, facilidad y constitucionalidad» de la propuesta legislativa.
Este hecho fue confirmado por la presidencia del Consejo Legislativo del Grupo Extra, lo que resalta la importancia de la decisión tomada por el ejecutivo. La cifra del veto aplica cuando el presidente y su gabinete no están de acuerdo con una legislación que ha sido avalada por la Asamblea Legislativa. A raíz de esto, el proyecto de ley regresa al Congreso para que los legisladores puedan deliberar sobre la decisión del Gobierno.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, había anticipado que implementaría el veto durante una conferencia de prensa celebrada el 23 de abril, generando expectación entre diversos sectores involucrados en el ámbito judicial y legislativo.
El proyecto
En el segundo debate realizado en abril, los delegados votaron a favor del proyecto con un total de 40 votos, mientras que solo siete se manifestaron en contra de la propuesta que permitiría a los agentes de la OIJ retirarse anticipadamente a partir de los 55 años de edad.
Este proyecto está contenido en el archivo 22817, titulado «Adición de artículos 226 BIS y 226 a la Ley No. 7333, Ley Orgánica del Judicial, del 5 de mayo de 1993, y sus reformas», el cual fue presentado por el exdiputado independiente, Dragos Dolanescu, durante el último período constitucional.
¿Cuál es la planificación de la iniciativa?
La iniciativa establece que si un agente cumple con la edad de 55 años, pero no con los años de servicio requeridos, la jubilación se calculará de la siguiente manera:
- Luego de alcanzar la edad estipulada, la pensión se calculará en función de la edad del funcionario, siempre que haya trabajado al menos cinco años en la institución.
- Se considerarán los años de servicio, garantizando que el número de años en el poder judicial sea un mínimo de diez.
Actualmente, los delegados están en conversación sobre la posibilidad de eliminar el veto presidencial. Para proceder en este sentido, se requiere un mínimo de 38 votos a favor en el Congreso.
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