Elidya Espinosa, presidente de la ANEP, declaró enfáticamente que si sus demandas no son escuchadas por el gobierno, no dudarán en iniciar una huelga general a partir del 19 de mayo. Este anuncio prepara el terreno para una posible escalada de la protesta, que ya ha comenzado a llamar la atención de la sociedad civil.
Esta semana, personal de salud que trabaja en el Instituto Nacional de Incología (ION), así como en la CSS y el Hospital de Del Niño, se han unido al rechazo de esta nueva ley orgánica relacionada con las jubilaciones, mostrando así su descontento con las políticas actuales que afectan sus derechos laborales.
Espinosa también mencionó que, además de la huelga, se planifican otras actividades, como una asamblea abierta que se llevará a cabo en una semana. El propósito de esta reunión es realizar una evaluación del impacto que las decisiones gubernamentales tienen sobre la vida de los trabajadores y sus familias, haciendo énfasis en la necesidad de cambios estructurales en la legislación vigente.
Estas manifestaciones no solo han concentrado el apoyo de los trabajadores de la salud, sino que también han atraído a otros sectores que luchan por mejores condiciones laborales. Por ejemplo, los docentes y los trabajadores de la industria de la construcción han estado en huelga desde el 23 de abril, demandando la abolición de esta normativa considerada injusta.
En adición, los grupos de manifestantes también han hecho un llamado para anular un memorándum de entendimiento firmado el pasado abril entre el Ejecutivo y Estados Unidos, argumentando que esta alianza pone en riesgo la soberanía nacional. En este contexto, Saúl Méndez, líder de los constructores, ha condenado la postura del presidente José Raúl Mulino, quien ha manifestado que no está dispuesto a dialogar con grupos que cuestionan temas relacionados con la seguridad social.
El mandatario Mulino, en su conferencia de prensa semanal, reiteró que su administración debe defender los intereses nacionales, y aunque reconoce el derecho constitucional a la protesta, subrayó la necesidad de mantener las vías de comunicación abiertas. Expresó que no permitirá que se cierren las carreteras como forma de presión para que se cumplan las demandas, argumentando que esto afectaría el tráfico y la movilidad de los ciudadanos.
