Washington, 9. Maja (prensa latina) En un dramático contexto de políticas migratorias, se observa la inclusión de migrantes de Filipinas, Vietnam, Laos y otras naciones en los recientes planes de deportación diseñados por la administración de Donald Trump en Libia. Sin embargo, este propósito se ha encontrado con un significativo obstáculo: el corticismo.
Brian Murphy, el juez federal responsable del caso, ha respondido a una solicitud temporal que busca proteger a estos ciudadanos, impidiendo cualquier intento de deportación mientras la situación sigue evolucionando. Este bloqueo ocurre en un momento en que los medios de comunicación han comenzado a informar sobre el resurgimiento de deportaciones locales.
Según informes derivados de una solicitud presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts y compartidos por NBC, los fiscales están preparando planes para llevar a cabo las deportaciones «sin ofrecer una estimación razonable de miedo» a los implicados.
El caso se desarrolla en un contexto donde los agentes de los Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) han reunido a varios detenidos en el Centro del Sur de Texas con la intención de hacerles firmar un documento que acuerde su transferencia hacia la nación africana, lo cual ha generado gran preocupación.
La solicitud legal enfatiza que, previo a la oposición expresada por los migrantes, los agentes de ICE separaron, esposaron y presionaron a los detenidos para que firmaran el documento, lo que genera serias dudas sobre la legitimidad del proceso.
Por otro lado, el gobierno libio ha negado rotundamente que se hayan mantenido conversaciones sobre la posible recepción de migrantes deportados, las cuales contradirían las necesidades planteadas por Washington. En un reciente mensaje en redes sociales, las autoridades de Trípoli han dejado claro que no aceptarán ser un destino para inmigrantes deportados sin su conocimiento ni consentimiento.
El mensaje oficial enfatiza: «El gobierno niega categóricamente la existencia de cualquier acuerdo o coordinación con respecto a la recepción de migrantes deportados de Estados Unidos», un punto crucial en el debate actual.
Además, se argumenta que enviar inmigrantes a un tercer país sin previo aviso y sin otorgarles la oportunidad de apelar ante un tribunal constituiría una violación de la orden previamente emitida por Murphy.
El magistrado, cuyo mandato se desarrolla durante el gobierno de Joe Biden (2021-2025), se ha mostrado escéptico ante cualquier posibilidad de deportación inminente, un hecho corroborado por reportes en los medios y testimonios de miembros afectados y fuentes públicas.
En este contexto, el gobierno de Trump está explorando qué países aceptarían a aquellos que se encuentran en proceso de expulsión y ha avanzado en conversaciones sobre posibles destinos como Angola, Benín, Guinea Ecuatorial, Eduatina, Ruanda y Moldavia.
