El Ministerio Público (MP) logró, con el apoyo de 45 suplentes, la aprobación del primer debate sobre una importante legislación: la segunda autoridad legislativa. Este proyecto de ley busca facilitar el desarrollo de nuevas medidas en Costa Rica para los ciudadanos que enfrentan acusaciones de terrorismo o contrabando de drogas en el extranjero.
La posibilidad de esta aprobación se dio en medio de una atmósfera de desconfianza hacia el gobierno, lo que llevó a centrarse en el trabajo colaborativo en el ámbito parlamentario, especialmente en torno al proyecto de ley 23,701.
La iniciativa tiene como objetivo principal evitar que ciudadanos extranjeros, quienes forman parte de nuestra nacionalidad, cometan delitos y se escuden en ella para eludir la extradición. Este enfoque se presenta como una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado que afecta a la nación.
En este contexto, se estima que entre 30 y 35 individuos están bajo el escrutinio de las autoridades de otros países por su participación en delitos vinculados al contrabando de drogas y actos terroristas. Estos datos fueron facilitados por Gilberto Campos, tomando como base las palabras del ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) tomó la decisión de no utilizar su tiempo en debates extensos sobre esta iniciativa, permitiendo así que la aprobación se realice de manera ágil. De esta manera, ninguno de los nueve legisladores de esta agrupación política intervendría en las discusiones.
Alejandro Pacheco, líder de la unidad, subrayó la importancia de este acto: «Estos son los mensajes más claros y vigorosos que podemos dar a los ciudadanos: que esta sesión legislativa está dedicada a trabajar por la seguridad de los costarricenses».
Por otro lado, Priscilla Vindas, representante del Frente Amplio, manifestó su escepticismo en un principio sobre la capacidad del plan al ser anunciado. Sin embargo, después de debatir sobre el término “terrorismo”, decidieron seguir analizando el proyecto. La preocupación central recayó sobre si el gobierno podría gestionar adecuadamente el servicio durante el período en que se implementara la ley.
Vindas enfatizó que existirán procedimientos en Costa Rica antes de que se aplique esta legislación. Es evidente que este proyecto no resolverá de manera definitiva la problemática de la inseguridad en el país.
Gloria Navas, diputada independiente, expresó que esta votación es crucial, dado que las reformas constitucionales se refuerzan bajo circunstancias que deben garantizar derechos fundamentales relacionados con la seguridad nacional, así como derechos vitales en términos de salud y vida para todos los costarricenses.
Navas también aseguró que habrá «garantías constitucionales» para aquellos costarricenses que sean sometidos a extradición bajo este nuevo marco legal.
Una vez que se aprueben las reformas, se procederá con el artículo 32 de la constitución política vigente, que afirma:
«Artículo 32- No se podrá extraditar a los costarricenses, salvo en casos de contrabando de drogas internacional o terrorismo, siempre que se haya dado el correspondiente asentimiento de los tribunales, respetando estrictamente los derechos y procedimientos reconocidos en esta Constitución.»
¿Cómo funciona?
Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso implica pasos más elaborados que requieren numerosas deliberaciones en el MP. La complejidad y la importancia de esta iniciativa justifican el proceso legislativo más extenso.
Es relevante mencionar que esta propuesta ya se aprobó en el segundo debate de la Primera Autoridad Legislativa en noviembre del año anterior, lo que demuestra su avance en el camino legislativo.
Tras completar este proceso, se esperó que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo incluyera en su informe de trabajo, lo cual ocurrió el lunes 5 de mayo.
En su intervención, Chaves subrayó la necesidad de implementar leyes más severas y efectivas para castigar a quienes empleen menores en organizaciones criminales, así como a aquellos que faciliten o actúen en el contexto del terrorismo y la delincuencia organizada.
Se consta que esta propuesta, identificada con el documento número 20701, ya está en curso y se pide que continúe su desarrollo.
Ahora se requieren tres debates consecutivos en la segunda autoridad legislativa, lo que significa que después de aprobar el primer debate el lunes, el segundo debe llevarse a cabo el martes y finalizar con el tercer debate el miércoles.
Para lograr la aprobación en tres días, se necesitarán al menos 38 votos a favor.
Es importante mencionar que el período legislativo se extiende desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año siguiente, constituyendo así un marco que define la capacidad legislativa y su planificación.
