El Frente Amplio ha dado un paso significativo al introducir un proyecto de ley que tiene el potencial de transformar la forma en que los pensionistas reciben sus beneficios en el país. Este proyecto permite que las personas que se encuentren en el proceso de recibir una pensión a partir de 2029 puedan optar por la entrega de pensionistas complementarios obligatorios (ROPC) durante un plazo de dos años, en lugar de la distribución estándar que se extendía por el resto de su vida como pensionista.
Este nuevo plan se aplicaría exclusivamente a aquellos que comiencen a recibir sus pensiones en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029. La propuesta se evaluará cuidadosamente en el ámbito legislativo bajo el número de documento 24,972, donde se espera un análisis exhaustivo de sus implicaciones y efectos en la población afectada.
Rocío Alfaro, subsecretaria general y portavoz del Frente Amplio, destaca la necesidad de esta iniciativa frente a la difícil situación económica que enfrenta Costa Rica, exacerbada por una serie de conflictos internacionales que han impactado la economía global. Entre estos conflictos se encuentran la pandemia de Covid-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, así como tensiones crecientes en el Medio Oriente que han tenido repercusiones en sectores vitales como la economía y el empleo.
Desde la perspectiva de ALFO, el hecho de que la distribución de los ROPC se realice en un periodo de solo dos años no tendría un impacto significativo en el crecimiento de los fondos de pensiones a largo plazo. Esta afirmación busca tranquilizar a los pensionistas y a los futuros beneficiarios sobre aún su sostenibilidad financiera mientras se implementan estas reformas.
Además, el legislador enfatiza que los recursos generados por este plan no solo beneficiarían a los pensionistas, sino que también podrían ser utilizados para fomentar el empleo productivo y mejorar las condiciones de trabajo en el país. Esta dualidad de beneficios es crucial para garantizar que los pensionistas no sean despojados de su dignidad y estabilidad financiera, a pesar de que ya han cumplido con su tiempo de servicio y han ganado su pensión.
En una reunión del 1 de abril de 2025, los agentes deliberaron y aceptaron algunas reformas en los ROPC, que incluyen medidas para afrontar situaciones de enfermedades graves, lo que demuestra una vez más el compromiso del gobierno y de los legisladores con el bienestar de los ciudadanos más vulnerables.
No obstante, es importante señalar que los organismos de control de pensiones han expresado su preocupación sobre este tipo de posibles pagos, argumentando que podrían reducir los ingresos futuros de los pensionistas. Esta crítica subraya la necesidad de un equilibrio cuidadoso entre la flexibilidad en la entrega de pensiones y la protección a largo plazo de los derechos de los pensionistas.
