El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha tomado la decisión de vetar un proyecto de ley muy controvertido que otorgaría al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la facultad de realizar redadas durante 24 horas al día, sin excepción, y esto incluiría períodos festivos. La polémica en torno a este asunto ha suscitado un intenso debate dentro de la sociedad y entre los distintos actores políticos del país.
Este veto presidencial fue notificado este miércoles, a través de una oficina que fue enviada a la junta directiva de la Asamblea Legislativa, lo que ha generado diversas reacciones tanto en el ámbito político como en la opinión pública. El archivo que fue objeto de este veto es el número 24.495, el cual propone una reforma a la Ley de Procedimiento Penal. Esta reforma fue presentada por la Diputada del Partido Liberación Nacional, Monserrat Ruíz, quien ha defendido la necesidad de ampliar las facultades del OIJ para actuar en el combate al crimen y asegurar la seguridad nacional.
En su justificación, la presidencia señaló que existen razones para considerar que la ‘constitucionalidad’ del proyecto podría verse comprometida, lo que implica que no se cumplirían a cabalidad ciertos principios y derechos consagrados en la Constitución. Esto es fundamental, ya que la protección de los derechos humanos debe ser siempre una prioridad en cualquier iniciativa legislativa. Es esencial que las autoridades mantengan un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales de los ciudadanos, un aspecto que ha sido motivo de discusión en muchos países alrededor del mundo.
El proceso legislativo hasta este punto ha sido bastante agitado. Un total de 33 delegados aprobaron el proyecto en su segundo y último debate, que se centró en la reforma del Código de Procedimiento Penal. Esta reforma permitiría al OIJ llevar a cabo operaciones de redada a cualquier hora del día, incluso durante las festividades, lo que despertó preocupaciones entre diversos sectores de la población sobre la posibilidad de abusos y excesos por parte de las autoridades. Los críticos del proyecto argumentan que estas medidas podrían resultar en violaciones a los derechos civiles y libertades personales, algo que se debe evitar a toda costa.
A raíz de este veto, el archivo 24.495 regresa al Congreso para ser valorado nuevamente. Esto implica que el debate sobre esta cuestión aún no ha concluido, y las opiniones están divididas. Además, se ha decidido remitir el asunto a la sala constitucional, donde se evaluarán los posibles vicios legales que podría tener el proyecto. Esta revisión es esencial para determinar si el ejecutivo ha actuado de acuerdo a los procedimientos establecidos y si su decisión es justificada conforme a la ley.
Por lo tanto, el futuro de este proyecto de ley sigue en el aire, y la comunidad espera con atención cuáles serán los próximos pasos a seguir por parte de la Asamblea Legislativa y del OIJ. La discusión sobre la seguridad y la protección de los derechos individuales se intensificará, y los ciudadanos seguirán de cerca el desarrollo de esta significativa situación que busca equilibrar la vigilancia y la libertad.
