El presidente de la República, Rodrigo Chaves, exprimió su profunda preocupación respecto al presupuesto de ¢ 20 mil millones durante su conferencia de prensa semanal. En esta, abordó específicamente las superintendencias que están encargadas de la regulación y supervisión de las entidades financieras, resaltando que estos recursos se destinan casi en su totalidad al pago de salarios de funcionarios.
Antes de que un periodista le preguntara sobre la posibilidad de realizar una reestructuración de dicho presupuesto, Chaves enfatizó la imperante necesidad de aumentar la inversión social en el país. El presidente lamentó que se haya asumido un gasto tan elevado, y destacó que, en su opinión, los resultados obtenidos hasta ahora no han justificado tal inversión. Esto sugiere que hay una desconexión entre el gasto asignado y los beneficios reales para la población.
«No tengo competencia sobre esas entidades, lo que tengo es una preocupación muy seria. Más que preocuparnos por lo que gastamos, tenemos que preocuparnos por lo que somos nosotros sobre la comida incompetente», comentó Chaves, reflejando así su descontento con la situación actual.
La crítica del presidente se centra principalmente en dos figuras clave dentro de estas entidades reguladoras: Rocío Aguilar, quien gestionó las antiguas entidades de pensiones y financieras, y Tomás Soley, actual Superintendente de Seguros y Valores. Chaves pidió que se evalúen con rigurosidad los resultados de sus administraciones, tocando un tema sensible que muchas veces queda en el aire.
«Vea lo que sucedió bajo Aguilar con la caída de Desifin y Coopeservistas. Un año después, hay personas que no recibieron nada. También hay personas que tienen miedo de informes preliminares de los ins. Si hubo un gran daño financiero a esa información falsa, ¿quién habría sido el error?» añadió, enfatizando las repercusiones de una mala gestión y la falta de responsabilidad en esas entidades.
Dentro del presupuesto total de ¢ 20 mil millones, se destaca que aproximadamente el 48% está destinado al pago de salarios, marcando una tendencia preocupante en la asignación de recursos. Este porcentaje subraya la necesidad de revisar la estructura de gasto y considerar alternativas que favorezcan no solo a los empleados de las superintendencias, sino a la ciudadanía en general.
Considerando los fondos asignados a los salarios dentro de las superintendencias y el Consejo de Supervisión Nacional del Sistema Financiero (CONASSIF), se estima que dichos recursos podrían utilizarse para otorgar aproximadamente 2,702 subsidios de vivienda, con un valor promedio de ¢ 7,4 millones cada uno. Este posible destino de los recursos pone en evidencia la oportunidad que se está perdiendo al no reorientar el gasto hacia necesidades más urgentes de la población.
