El diputado Oficial de Ada Acuña ha presentado este viernes un archivo que contiene la propuesta 24,984, una reforma significativa que tiene como objetivo permitir que los pensionistas accedan a su régimen de pensiones complementario (ROP) bajo dos nuevas modalidades. Esta iniciativa no solo busca aclarar las condiciones bajo las cuales se puede acceder a la ROP, sino que también pretende mejorar la calidad de vida de los jubilados en una época en la que muchas personas enfrentan dificultades económicas.
La primera de las modalidades establece que, en caso de que la pensión otorgada por la incapacidad sea inferior al monto mínimo establecido para el salario mínimo exento de impuestos sobre la renta, esto afectará la cantidad que un pensionista puede recibir. Actualmente, el monto máximo que los pensionistas pueden percibir es de ¢1,666,666. La propuesta sugiere que, si un pensionista recibe una pensión IVM de ¢737,062, continuaría recibiendo esta cantidad hasta que se agoten sus ahorros acumulados en el ROP. Esto resulta en un enfoque más eficiente donde los jubilados pueden disfrutar de su dinero, sin las restricciones que anteriormente limitaban su acceso.
Además, otro ejemplo de esta modalidad se centra en el caso de un pensionista que recibe ¢350,000 mensuales por concepto de IVM y que cuenta con un fondo acumulado de ¢10,000,000 en su ROP. Según esta reforma, ese pensionista podría recibir un monto total de ¢1,316,062 durante un período de 8 meses, lo que representa un alivio considerable en su situación económica mientras duren los recursos de su fondo.
La segunda modalidad propuesta para la jubilación del ROP establece que, si una persona recibe una pensión del régimen IV que coincide con el monto determinado por el Ministerio de Finanzas para la sección del salario mínimo exento de impuestos sobre la renta, tendrá la opción de solicitar el retiro total de los fondos acumulados en su ROP. Esto representa un avance relevante, ya que otorga mayor autonomía a los jubilados sobre sus propios recursos.
En este contexto, la participación del Movimiento Nacional para los Derechos de la ROP ha sido crucial. La reforma incluye varios artículos que corresponden al plan 1, 9, 20, 22, 23 y 43 de la Ley de Protección de los Trabajadores, modificando artículos existentes y añadiendo nuevas transiciones. Este esfuerzo busca equilibrar la relación entre los pensionistas y los administradores de fondos de pensiones, sobre la base de consideraciones más justas y modernas.
«Fortalecemos y mejoramos el concepto de complementariedad de la ROP, para que los pensionistas realmente puedan disfrutar de sus recursos. Terminamos las campañas de miedo utilizadas por los operadores para agradecer a los pensionistas y cometer un abuso grave al otorgar migajas como cantidades mensuales de su ROP», afirmó el diputado Acuña.
La ROP pertenece a los jubilados
La propuesta también advierte sobre cómo la superintendencia de las pensiones (SUPEN) y los operadores de pensiones han llevado a cabo una campaña paternalista que se basa en consideraciones subjetivas sobre la edad y la capacidad de los jubilados para gestionar sus vidas y finanzas. Esta dinámica ha creado un ambiente en el que los operadores se sienten con el derecho de actuar como si fueran los propietarios de los fondos de la ROP, lo que ha llevado a cuestionar legítimamente los intereses de los pensionistas.
Acuña subrayó que esto ha creado una falsa narrativa, donde se impide a los pensionistas acceder a sus fondos y se les niega la responsabilidad de gestionar sus propios recursos económicos, una situación que ahora se busca corregir con esta reforma. Se busca romper con el concepto de ‘infantilización’ que ha dominado la relación entre los jubilados y los operadores de pensiones.
Finalmente, la Legislatura está comprometida a elevar esta propuesta al poder ejecutivo, con la expectativa de que se discuta durante el período actual de sesiones extraordinarias, que culmina el 31 de julio. Este compromiso indica un interés genuino por parte del gobierno en atender y mejorar la situación financiera de los pensionistas y asegurar que tengan el acceso que merecen a sus recursos.
