Nicaragua este viernes aprobó una reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad, lo que implica que los nicaragüenses que decidan adquirir otra ciudadanía Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El gobierno sandinista liderado por Ortega y Murillo ha privado de su nacionalidad a cientos de opositores y críticos, quienes han sido forzados a abandonar el país a lo largo del último año. Esta decisión ha generado un amplio debate tanto a nivel nacional como internacional, con diversos sectores de la sociedad cuestionando la legitimidad y la ética del proceso. Muchos críticos argumentan que esta reforma es una medida autoritaria que busca silenciar a quienes disienten con el régimen en el poder.
Durante una ‘sesión especial’, la Asamblea Nacional, según lo informado por el X-network, realizó la aprobación unánime de los artículos 23 y 25 de la Constitución, en una iniciativa que fue enviada por la pareja presidencial. Esta modificación a la ley fundamental del país plantea la posibilidad de que los nicaragüenses pierdan su nacionalidad al momento de adquirir otra. Además, se menciona que «quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un estado extraño rompe el vínculo legal y moral con Nicaragua». En este sentido, la propuesta destaca que no puede existir una doble fidelidad, ya que la patria exige un compromiso exclusivo de sus ciudadanos.
Asimismo, los cambios constitucionales aprobados también estipulan que «los extranjeros que solicitan nacionalización deben renunciar a su nacionalidad de origen, con la excepción de los centroamericanos». Este punto ha suscitado una serie de interrogantes sobre el tratamiento que se les dará a los inmigrantes de la región y cómo estas normativas afectarán las dinámicas sociales y políticas en Nicaragua.
Es importante recordar que la antigua guerrilla sandinista, que tomó el poder durante la década de 1980 tras la victoria de la Revolución Sandinista, ha mantenido el control del país desde 2007. En este tiempo, su gobierno ha sido objeto de numerosas críticas por parte de opositores y organismos internacionales, quienes los acusan de establecer un régimen autoritario. Las políticas y reformas impulsadas por Ortega y Murillo han generado un clima de creciente tensión y represión en el país.
A partir de las protestas de 2018, que resultaron en la muerte de más de 300 personas según informes de la ONU, el gobierno ha reforzado su control sobre la sociedad nicaragüense. Este aumento en la represión ha sido justificado por el régimen como una respuesta a lo que consideran un intento de golpe patrocinado por Washington. A medida que se intensifican las acciones del gobierno, muchos temen que las libertades civiles en Nicaragua continúen erosionándose, llevando al país a un estado de vulnerabilidad aún mayor frente a la opresión política.
