La reciente elección de Michelle Bowman como vicepresidenta de Supervisión en la Reserva Federal de Estados Unidos marca un paso importante hacia la reducción de la sobrerregulación en el sector financiero del país. Este esfuerzo es esencial para que la supervisión del sistema financiero se convierta en un proceso más simple, eficiente y con una menor intervención del Estado. La tarea, aunque desafiante, es un camino necesario para lograr un entorno regulatorio que fomente el crecimiento y la estabilidad del mercado financiero.
No será sencillo implementar estos cambios, pero el liderazgo de Estados Unidos en esta área facilitará la tarea de otros mercados, especialmente en naciones más pequeñas como Costa Rica, que podrían seguir su ejemplo. La dirección clara y decidida de EE. UU. puede facilitar este proceso y proporcionar un modelo a seguir.
En artículos anteriores, como «Demasiado grandes para dejarlos caer» (25/3/2023), «Intervencionismo en la regulación financiera» (20/11/2024) y «El quinto poder de la República» (26/1/2025) publicados en La Nación, he enfatizado que el sistema financiero occidental, basado en la regulación de Basilea, sigue enfrentando serias falencias que justifican la necesidad de una reforma profunda en su estructura y funcionamiento.
Un problema crítico radica en los altos costos asociados a la excesiva regulación, que no solo encarece los productos financieros para los consumidores, sino que también limita la innovación y la llegada de nuevos competidores al mercado. Este enfoque excesivo reduce la agilidad del sector y puede llevar a la obsolescencia de determinadas prácticas comerciales.
A pesar de que existe un considerable marco regulatorio, las autoridades supervisoras aún enfrentan serias dificultades para identificar acciones irracionales o fraudulentas en las etapas iniciales. Esto implica que la supervisión, hasta ahora, no ha logrado ser preventiva y efectiva.
La situación se agrava con la incapacidad del sistema de supervisión para anticipar intervenciones, lo que frecuentemente resulta en resoluciones bancarias adversas donde tanto los inversionistas como, en ocasiones, el Estado, se ven gravemente afectados, convirtiéndose en los grandes perdedores.
Este marco regulatorio actual, debido a su naturaleza intervencionista, presenta una contingencia fiscal significativa que puede llevar a responsabilidades subsidiarias del Estado, lo cual repercute negativamente en todos los contribuyentes del país.
Por lo tanto, surge la imperiosa necesidad de implementar una reforma del sistema que minimice la intensidad de la regulación y la supervisión. Este cambio ayudará a disminuir la intervención estatal mediante los organismos de supervisión, y a su vez, reducirá la carga fiscal que conlleva dicha intervención.
No obstante, la cuestión que surge es cómo asegurar que una menor regulación y supervisión no agrave la desventaja de los inversionistas frente a los operadores financieros. Sin duda, este será un gran reto que se debe abordar adecuadamente.
La solución debería centrarse en establecer una supervisión más intuitiva, donde los funcionarios comprendan a fondo los negocios financieros y su integración en el contexto económico del país. Esto les permitirá identificar y seguir de cerca situaciones críticas, como las anomalías en tasas de interés entre competidores o el crecimiento acelerado de una entidad en particular, y así, facilitar respuestas a problemas que puedan emergir rápidamente, destapando graves problemas cuando sea necesario.
Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la supervisión debe ser prioritariamente “evitar las crisis sistémicas”. Esto implica prevenir que cualquier quiebra en el sector financiero tenga repercusiones catastróficas en el sistema en su conjunto; la quiebra será una cuestión de gestión de la entidad, pero las consecuencias sistémicas son responsabilidad del supervisor.
La atención debe dirigirse a detectar problemas de manera oportuna y prevenir su desarrollo, orientándose hacia una supervisión más efectiva que evite situaciones críticas antes de que sucedan. El análisis forense, por su parte, debe ser una labor exclusiva del Poder Judicial.
El principio de separación de poderes que Montesquieu nos legó hace casi tres siglos debe ser aplicado al sector financiero. Los supervisores no pueden ser a la vez creadores y aplicadores de la normativa, ya que esto genera un claro conflicto de interés.
La regulación técnica específica del sector financiero debe ser elaborada por organismos independientes de los supervisores. Estos últimos deben participar solo en calidad de asesores cuando se requiera su opinión.
La normativa internacional relevante (Basilea-IOSCO-IAIS-AIOS) no debería elaborarse entre grupos de supervisores nacionales, ya que esto tiende a perpetuar un conflicto de interés que perjudica el funcionamiento del sistema financiero global. Las fallas en el marco de supervisión han llevado típicamente a una mayor intervención estatal mediante regulaciones, a pesar de que estas no necesariamente incrementan la eficiencia del sistema, a la vez que ocasionan una carga fiscal adicional.
En este contexto, es crucial que los esquemas de supervisión sean adaptables a las realidades de cada país y a las características internas dentro de cada nación, teniendo en cuenta la diversidad en tamaño, objetivos y estructuras de propiedad de las entidades financieras. Esta adaptabilidad debe ser implementada de manera práctica, no solo en teoría.
Además, el momento ha llegado para que los inversionistas profesionales asuman la responsabilidad de sus decisiones, utilizando sus capacidades de análisis financiero y gestión de riesgos de manera eficaz. No deben depender exclusivamente de terceros, como agencias calificadoras o de entidades de supervisión, ni mucho menos de una auto-percepción de importancia estratégica y sistémica.
Estamos ante un proceso importante para el sector financiero. Será la oportunidad de replantear un modelo que no ha demostrado ser tan exitoso y eficiente como esperábamos. Esperemos que Costa Rica tome una posición de vanguardia, planteando sus necesidades específicas y apoyando las iniciativas lideradas por Estados Unidos. No podemos limitarnos a observar y a entregar notas de agradecimiento.
Elian Villegas Valverde es abogado y fue presidente del Instituto Nacional de Seguros y ministro de Hacienda.
