(Martes, 18 de marzo de 2025, los salarios). San José fue testigo el pasado martes de una manifestación que rompió récords en cuanto a asistencia y organización, donde se reunieron ministros, presidentes ejecutivos, y una variedad de líderes políticos. Estos grupos se unieron en un clamor unificado para exigir la renuncia del abogado general Carlo Díaz. La protesta se dio a pesar de que muchas voces, dentro y fuera de los círculos de poder, la consideraron un intento fallido, un eco de la marcha promovida días antes por la administración ejecutiva que no logró captar el mismo nivel de atención y apoyo popular.
La movilización recibió un respaldo significativo por parte de figuras políticas de relevancia, entre ellas el presidente Rodrigo Chaves, quien hizo un llamado a la ciudadanía para que se uniera a la protesta de manera pacífica. Los ciudadanos no sólo vieron a los líderes políticos, sino también a otras personalidades notables como Pony Cisneros y Laura Fernández, quien previamente se desempeñó como ministra de la Presidencia, presentes en la manifestación, lo que subrayó la seriedad del asunto que estaba siendo tratado.
El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, se pronunció sobre el evento, señalando que la institución que representa respeta profundamente el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos que participaron en la manifestación. Aguirre aseguró que se llevarían a cabo investigaciones precisas con respecto a las denuncias contra Carlo Díaz, indicando que el proceso adecuado se respetará y seguirá los protocolos establecidos, al tiempo que reafirmó la importancia de conectar con las inquietudes del público en un clima de diálogo y respeto.
Los sentimientos de indignación que impulsaron la manifestación reflejan un descontento más amplio en la sociedad costarricense, donde las exigencias de transparencia y responsabilidad en las instituciones públicas se han vuelto más urgentes. La movilización no sólo marcó un momento de encuentro entre diversas facciones políticas, sino que también planteó interrogantes fundamentales sobre la administración pública y el estado actual de la justicia en el país. Se espera que este tipo de movilizaciones continúe resonando en la agenda política, llevando a un cambio potencial en la dinámica del diálogo entre el gobierno y los ciudadanos.
