Desde la importante reforma laboral efectuada en 2012, España ha implementado un sistema permanente para calcular la compensación por despido injusto. Sin embargo, este sistema ha sido objeto de crítica y ajustes debido a la intervención del Consejo de Europa, que ha señalado que las disposiciones actuales, lejos de ofrecer protección efectiva, facilitan a las empresas la posibilidad de despedir a sus empleados sin una razón justificada, disminuyendo así la carga financiera que esto podría representar para ellas.
La Autoridad Europea ha expresado su preocupación sobre la falta de protección adecuada para los trabajadores en España contra despidos arbitrarios. Según afirma, al ser predefinidos los costos de la compensación por despido, se pierde su potencial efecto disuasorio. Los reguladores parecen ignorar un principio clave: el de proporcionalidad, que debería aplicarse al evaluar el daño provocado por el despido de un trabajador al calcular su compensación.
Nuevo anuncio de Estrasburgo. En 2021, España ratificó la Carta Social Europea, buscando alinear su política laboral a la normativa vigente en la Unión Europea. Se comprometió así a integrar las pautas establecidas en este documento comunitario en su marco normativo. No obstante, hay que destacar que las resoluciones emitidas por el Consejo de Europa no son legalmente vinculantes, aunque España está comprometida a cumplir con ellas.
Según un informe de El País, la última declaración de Estrasburgo se emitió en respuesta a una queja presentada por CCOO en 2022 ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde se enfatizaba la urgente necesidad de reformar el sistema de compensación en España. El sindicato argumenta que el gobierno español ha actualizado sus leyes para alinearse con los estándares europeos, lo que llevó al Consejo a reiterar su posición y solicitar cambios en el sistema actual.
Legislación española de 2012. El Consejo de Europa ha dejado claro que la forma en que España calcula la indemnización por despido improcedente incumple los parámetros de justicia y reparación. De acuerdo a la legislación modificada por el gobierno de Rajoy en 2012, los trabajadores despidos sólo reciben una compensación de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, en comparación con los 45 días por 42 meses previos a esta reforma.
Sin embargo, el Consejo de Europa ha considerado que este modelo actual es insuficiente e inadecuado, ya que no representa una barrera efectiva contra los despidos injustos. Esto permite a las empresas planificar los costos de despido de antemano, especialmente para aquellos trabajadores con una vinculación laboral relativamente corta.
El portavoz del sindicato insistió en que esta resolución «subraya la necesidad de iniciar un diálogo y una negociación en el ámbito del diálogo social para ajustar el marco de protección de los empleados a las exigencias de la Carta Social Europea», tal como reportó El Plural.
Discrepar con el artículo 24. Uno de los puntos más críticos de discrepancia entre la Carta Social Europea y las leyes laborales españolas se encuentra en la Sección B del Artículo 24 del referido documento europeo, que establece que los empleados despedidos sin justificación tienen derecho a una compensación adecuada o a una reparación alternativa.
Las resoluciones del Consejo de Europa han destacado que el sistema español para la compensación por despido improcedente no cumple con los estándares internacionales de justicia y reparación, dejando a la interpretación judicial la capacidad de establecer compensaciones personalizadas caso por caso.
«Es esencial en su carta dirigida al Consejo de Europa.»
El tiempo de ‘reparación’: acudir a los tribunales. A pesar de que se espera que el gobierno ajuste la legislación según las recomendaciones europeas, los trabajadores que enfrentan despidos improcedentes pueden verse obligados a recurrir a financiaciones judiciales, de acuerdo con la cita de la Carta Social Europea. La Corte Suprema no ha mostrado satisfacción por esta solución al conflicto con las regulaciones españolas, que ya considera «adecuadas», aunque ha abierto la puerta a nuevas interpretaciones de los estándares europeos.
Los últimos datos sobre despidos, recopilados en el informe ‘Estadísticas sobre despidos y sus costos‘ elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, indican que la compensación media por despido en 2023 fue un 35% inferior a la de 2021, a pesar de que el número de despidos ha crecido en un 34%. Esto sugiere que, aunque se ha abordado el problema de los despidos improcedentes a través de los tribunales, las compensaciones no han aumentado en la magnitud necesaria para considerarse una «reparación» adecuada, como lo exige Europa.
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Imagen | Sin obstáculos (Mika Baumeister))
