La reciente sesión legislativa concluyó el mes de marzo, marcando el cierre de otro período de reuniones ordinarias. Este cierre se llevó a cabo con la aprobación de 28 registros por parte de un miembro del Parlamento, aunque la mayoría de estos proyectos aún requieren una segunda discusión para convertirse en ley en la República. Es decir, aunque se logró un progreso notable, el camino hacia la formalización de estas iniciativas aún no ha culminado.
De los proyectos discutidos, nueve fueron seleccionados para un segundo debate, y tres adicionales lograron pasar a votación, incluido un tema significativo relacionado con la Declaración de Benemets en la nación. Este proceso evidencia la actividad continua y la relevancia de los temas tratados en el Parlamento.
Es crucial destacar que los 15 proyectos que fueron objeto de votación en la primera discusión se discutieron durante las últimas tres sesiones del mes; específicamente, el jueves 27 de marzo, en una sesión extraordinaria el viernes 28, así como el lunes 31. Este apretado cronograma fue una estrategia deliberada de los diputados para abordar estos asuntos antes de que se interrumpiera el trabajo legislativo por la festividad de Semana Santa.
Los legisladores están programados para tomar un receso del 14 de abril al 18 de abril, regresando a sus funciones el 21 de abril. En ese mes, además, es importante recordar que las actividades legislativas se ven limitadas, ya que se anticipa que la autoridad ejecutiva tomará control de la agenda parlamentaria durante los siguientes tres meses, restringiendo aún más el tiempo disponible para las deliberaciones legislativas.
Las legislaciones de mayor impacto incluyen un aumento en las sanciones para aquellos que amenazan a funcionarios públicos. Este proyecto de ley propone enmendar tres artículos del Código Penal, con un enfoque en la imposición de sanciones que se correspondan con la gravedad del delito, en relación con amenazas con armas a civiles y funcionarios que ejercen sus funciones.
Con respecto a las amenazas dirigidas hacia funcionarios públicos, se propone enmendar el artículo 316, estableciendo penas de prisión que podrían variar entre un mes y dos años. Este cambio refleja un esfuerzo considerable por parte del legislador de abordar este tema de manera contundente.
Entre las iniciativas aprobadas, se encuentra un proyecto que prevé sanciones severas: hasta ocho años de prisión para quienes empleen menores para realizar actividades delictivas. Esto muestra un compromiso por parte de la Asamblea Legislativa para proteger a los más vulnerables en la sociedad.
Además, las «nuevas capitales», conocidas como SO, también fueron sometidas a votación y aprobadas, permitiendo que se sospeche de individuos pidiendo pruebas judiciales sin necesidad de una denuncia formal previa. Esta propuesta generó una intensa controversia y división entre los parlamentarios, ya que muchos argumentan que el texto propuesto podría amenazar la integridad de las personas honestas.
También es relevante mencionar la integración del Ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André Tinoco, quien abordó la votación sobre una propuesta para condenar la invasión de Ucrania por parte de Rusia y el papel de Estados Unidos en el asunto. Igualmente, el Ministro de Finanzas, Nogui Acosta, y el Presidente del Banco Central, Roger Madrigal, hicieron presencia en el Parlamento, indicando una voluntad de avanzar con la aprobación de leyes esenciales en el presente mes.
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