Es crucial entender el contexto de la reciente medida adoptada por el gobierno italiano en relación a la ciudadanía. No fue hasta el año 2024 cuando se registraron nuevas cifras significativas de nuevos ciudadanos italianos, con 30,000 y 20,000 casos provenientes respectivamente de Argentina y Brasil. Este fenómeno se ha dado en el marco de un proceso que ha facilitado la emigración de cientos de miles de personas de América del Sur hacia Europa, permitiendo que aquellos con raíces italianas recuperen su ciudadanía a través de la herencia. Italia, en este sentido, simplemente establece el marco legal que hace posible este flujo migratorio.
Restricciones para los ciudadanos. La decisión del Estado italiano de reducir drásticamente la posibilidad de adquirir la ciudadanía por linaje (Jus sanguinis) se limita ahora exclusivamente a las personas que pueden demostrar que tienen padres o abuelos italianos. De esta forma, quedan excluidos aquellos que pueden tener un antepasado italiano en generaciones más lejanas, como la cuarta o la quinta generación posterior a 1861, lo que corta la posibilidad de que muchos se beneficien de esta normativa revisada.
Esta decisión, anunciada por el gobierno de Giorgia Meloni, se implementó con efecto inmediato. La medida se tomó sin avisar previamente, por lo que se generó un colapso institucional que llevó a una inundación de solicitudes principalmente de ciudadanos de América del Sur, donde millones de personas con herencia italiana han intentado acceder a un pasaporte europeo. Según declaraciones de Antonio Tajani, ministro de Relaciones Exteriores, esta nueva normativa responde a lo que él considera «años de abusos», argumentando que muchos solicitantes carecen de vinculación auténtica con Italia y solo buscan la nacionalidad para facilitar su movilidad internacional.
Demostrar dominio del idioma. Además, la nueva normativa exige que los solicitantes demuestren competencia en italiano mediante un examen oficial que se ofrece solo a quienes hayan residido al menos tres años en Italia. El proceso será más centralizado y requiere entrevistas con verificación facial, eliminando la gestión que tradicionalmente ha llevado a cabo los consulados. Además, los solicitantes deberán cumplir con obligaciones cívicas, como votar, pagar impuestos y mantener sus documentos al día para evitar la pérdida de su nacionalidad.
Asimismo, la adquisición de la ciudadanía por matrimonio requiere dos años de residencia en Italia, y el costo de la solicitud se ha duplicado a 600 euros. Por otro lado, aquellos italianos que viven en el extranjero y no cumplan con estas obligaciones corren el riesgo de perder su ciudadanía, y con ella, sus derechos también afectan a sus descendientes.
Sistema colapsado y un negocio próspero. Detrás de esta medida hay múltiples factores a considerar. Como señala The New York Times, la cuestión no es solo numérica. En la última década, el número de italianos que residen en el extranjero ha aumentado en un 40%: de 4.6 millones en 2014 a 6.4 millones en 2024, principalmente en busca de un pasaporte europeo. En el mismo año 2024, se otorgaron 30,000 nuevas ciudadanías y 20,000 más en Argentina y Brasil.
La enorme cantidad de solicitudes ha desbordado los consulados, con citas siendo casi imposibles de conseguir y la situación ha creado un lucrativo negocio paralelo, donde ciertas empresas y gestores cobran miles de euros por ayudar a los solicitantes en la preparación y presentación de la documentación adecuada, aprovechando una ley que, según Tajani, «se ha convertido en un terreno fértil para el fraude y la simulación de la ciudadanía».
El dilema moral y político. Esta decisión ha suscitado un intenso debate dentro de la propia legislación italiana. Mientras que los sectores nacionalistas apoyan la restricción de la ciudadanía como forma de prevenir el acceso de individuos que no tienen un vínculo auténtico, por otro lado, hay críticas hacia la idea de que la nacionalidad otorgue derechos solo a aquellos que, aun siendo hijos de inmigrantes, nacen y crecen en Italia y que solo pueden adquirirla a partir de los 18 años y bajo condiciones estrictas.
La nación también enfrenta una crisis que se replica en muchos otros países; se trata de una grave crisis demográfica caracterizada por una baja tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. A pesar de esto, su inclinación parece ser limitar su política de ciudadanía en lugar de mostrar flexibilidad para adaptarse a los nuevos desafíos demográficos.
Cambios legales y las complicaciones subsiguientes. La reciente reforma no se produce en un vacío. El Ministerio del Interior de Italia ya había comenzado a limitar las solicitudes desde octubre de 2024 tras una interpretación más rigurosa de la Corte Suprema que redujo las cadenas de transmisión de la ciudadanía, afectando especialmente a quienes habían naturalizado a sus hijos menores en otros países. Tras muchos años de espera y gestión, quienes dependían de esa vinculación han quedado desamparados y sin alternativas.
La nueva normativa ha provocado una creciente frustración entre quienes han dedicado años a recopilar la documentación necesaria y a gestionar sus solicitudes. Esta ira es palpable en foros y redes sociales, donde muchos expresan su descontento y comparten historias de tiempo y dinero perdidos. A través de CNN se conoció el caso de numerosas familias que, impulsadas por la esperanza de obtener la ciudadanía, hicieron el viaje a Italia desde América del Sur, solo para encontrarse con que ya no tienen la posibilidad legal de hacerlo, después de haber reorganizado sus vidas según las normas previas.
Independentemente de las intenciones, la reforma acentúa la brecha entre Italia, un país que pretende mantener un vínculo simbólico con sus emigrantes de generaciones pasadas, y aquellos que ya forman parte de su tejido social actual pero no son completamente incluidos en su visión de ciudadanía.
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