Durante los últimos 15 años, el desarrollo de la energía eólica en Galicia ha enfrentado numerosos dilemas legales, principalmente debido a la notable oposición social que han generado estos proyectos. En este contexto, la Corte Suprema de Xustia de Galicia (TSXG) ha tomado decisiones de suspender de manera reiterada diversos proyectos eólicos por su potencial riesgo ambiental. Esta serie de conflictos legales ha llegado hasta la Corte Suprema, generando un impacto significativo en sentencias que establecen precedentes no solo en Galicia, sino en el resto de España.
La sentencia. Recientemente, la Corte Suprema validó el proceso ambiental que lleva la Xunta de Galicia, reactivando así 64 proyectos que habían estado legalmente bloqueados. Esta resolución ha reforzado la legalidad de varios acuerdos administrativos relacionados con estos proyectos, como es el caso de los parques eólicos Campelo en la provincia de A Coruña. Según un informe de El Confidencial, el TS rechazó el argumento de que los parques eólicos que comparten infraestructuras debían ser considerados como un solo proyecto, lo que ha facilitado el proceso de evaluación ambiental requerido para su aprobación.
El origen. La problemática comenzó cuando se inició la expansión de parques eólicos que presentan una altura de hasta 200 metros. Según un estudio de El País, los grupos comunitarios y ambientalistas argumentaron que muchos de estos parques estaban ubicados en zonas sensibles y que no cumplían con las garantías ambientales necesarias. Esta situación ha complicado aún más el panorama judicial, creando un entorno donde aún se espera una resolución final en más de 130 demandas que permanecen pendientes hasta finales de 2024.
Un precedente. De acuerdo con informes de El Confidencial, la Corte Suprema de Xustiza de Galicia había solicitado que se aguardara la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre un tema específico planteado por la Asociación Ecológica Adega. Sin embargo, este pedido fue rechazado por la Corte Suprema, la cual ha dejado claro que el TSXG es el único tribunal en España que ha cuestionado la compatibilidad de la Ley 21/2013 con la normatividad europea.
Este dilema no solamente impacta a los proyectos en Galicia, sino que también podría influir en iniciativas de otras comunidades autónomas que necesiten realizar evaluaciones ambientales semejantes. La Ministra de Economía de Galicia, María Jesús Lorenzana, ha celebrado la validación del TS, afirmando que este avance facilitará el procesamiento de proyectos eólicos, subrayando el potencial de la energía eólica como fuente vital para el suministro eléctrico en la región.
El efecto. Este conflicto en el ámbito de la energía eólica no es un caso aislado, sino que representa un problema más extenso relacionado con el desarrollo energético en España. Aunque la decisión del TS ha asegurado la continuidad de los proyectos eólicos en Galicia, la oposición social sigue siendo inminente. Para lograr una transición hacia un modelo energético sostenible, será fundamental encontrar un equilibrio entre los intereses económicos, la protección del medio ambiente y las necesidades de las comunidades locales.
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