La reciente Convención en su primera discusión del Documento 24,215, que busca implementar reformas en la Ley de Adquisición Pública General, ha generado un amplio debate en torno a la exclusión de la Cruz Roja y diversas organizaciones internacionales en este contexto. Este documento tiene la intención de modificar cómo se llevan a cabo ciertos procedimientos de contratación pública, abriendo así un espacio para que organizaciones que operan a nivel internacional puedan actuar con mayor autonomía respecto al control gubernamental.
Uno de los componentes clave de esta iniciativa es la exención de supervisión y el proceso de reclutamiento, lo que resulta especialmente significativo para organizaciones internacionales como UNOPS, que son fundamentales en la implementación de proyectos de desarrollo a nivel global. Esto implica que, en lugar de adherirse a los procedimientos tradicionales de contratación pública, estas organizaciones podrán operar bajo sus propias normativas.
La propuesta ha sido promovida por el diputado Verdiblanco Oscar Izquierdo, y durante su primer debate, recibió el respaldo necesario para pasar a la 37 Legislatura. Sin embargo, no ha estado exenta de oposición, siendo Eli Feinzaig y Luis Diego Vargas, miembros del partido liberal progresista, dos de los más críticos de este enfoque. La затяжка de la República ha expresado su desacuerdo, argumentando que, a pesar de las modificaciones consideradas respecto al texto original, aún persisten múltiples riesgos asociados a esta iniciativa, sugiriendo que podría facilitar el nepotismo o “contratación de los dedos” en el ámbito público.
Feinzaig, por su parte, ha señalado la gravedad de la situación e incluso ha hecho alusión a que esta iniciativa podría poner en peligro la integridad de la nación, asociándola con el término “jaguar”, el cual evoca esfuerzos de Rodrigo Chaves en el pasado para realizar cambios significativos mediante referendos. La preocupación central radica en que el texto actual eliminaría prácticamente toda supervisión de las contrataciones para obras públicas, así como el control que debería tener el gerente sobre dichos procesos.
“Al aprobarse el texto en su forma actual, se corre el riesgo de que solamente se legitimen nombramientos de obras públicas que carezcan de las debidas competencias, otorgando al gobierno un poder discrecional excesivo”, manifestó el subdirector de uno de los organismos afectados por esta reforma. “En esencia, este es el jaguar que el gobierno de Rodrigo Chaves había anhelado, y ahora se le permite actuar con total libertad”. Esta declaración refleja una preocupación más amplia entre los críticos de la reforma, que sienten que habría menos controles y supervisión al respecto.
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El proyecto es de Oscar Izquierdo. (Archivo/la foto del observador)
Cambiar en movimiento
Desde su propuesta, el subsecretario de la izquierda ha declarado que el objetivo no es facilitar que se contrate simplemente por voluntad, sino rectificar problemas persistentes dentro de la legislación que impiden que el país acceda a importantes fondos de cooperación internacional. “Este proyecto de ley tiene como propósito habilitar al país para que pueda beneficiarse de capital proveniente de la cooperación internacional, facilitando así acuerdos más fluidos”, ha comentado Izquierdo, asegurando que no se modificará la forma en que actualmente se lleva a cabo la contratación pública bajo un debido monitoreo de empresas privadas.
El diputado también sostuvo que “las preocupaciones planteadas por el Jefe de la República han sido atendidas”, en un intento por calmarlas y tratar de mostrar el compromiso del legislador con la responsabilidad y transparencia en las futuras contrataciones. Este proyecto será revisado nuevamente en su primera discusión, donde se podrán formular ajustes al texto propuesto.
Izquierdo concluyó enfatizando que los acuerdos y convenios que se establezcan con otros países seguirán estando supeditados a los principios establecidos en la Ley, asegurando que el Estado mantendrá el control sobre estos procesos y que la supervisión del control interno sobre las unidades de contrato nacionales permanecerá intacta. Se espera que este polémico asunto sea discutido nuevamente la próxima semana en la Asamblea Parlamentaria.
