El Poder Judicial, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ha tomado la iniciativa de aclarar y defender el procedimiento que se llevó a cabo la noche del Martes 8 de abril para comunicar los delitos existentes en relación a las redes anteriores, en particular, los que involucran a Esteban Aguilar. Actualmente, este individuo enfrenta tres denuncias diferentes que están abiertas en su contra.
Esteban Aguilar ha sido nombrado director de seguridad de la red, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). Su hermano, Gabriel Aguilar, quien ocupa el cargo de jefe de la oficina del presidente de la República, Rodrigo Chaves, se pronunció en sus redes sociales, denunciando que «en este instante, los agentes del OIJ están amedrentando y causando temor a mi familia».
En su mensaje, Gabriel expresó su descontento señalando que «la persecución hacia Carlo Díaz ha llegado a extremos intolerables», refiriéndose a un ministro de Justicia con quien Esteban Aguilar ha tenido enfrentamientos públicos significativos.
Esteban y Gabriel son hermanos. Uno trabajó como fiscal en delitos de red y el otro como jefe de la oficina del Presidente de la República. (Foto tomada de Facebook).
Como respuesta a la controversia, las autoridades del Poder Judicial presentaron su versión, que consta de cinco puntos clave para esclarecer la situación:
Acciones anteriores sin poder informarlo
En su declaración, el director del OIJ, Randall Zúñiga, reafirmó que el Poder Judicial había solicitado colaboración policial para notificar a Aguilar, un esfuerzo que no se pudo realizar con su propio personal. «El Poder Judicial intentó localizarlo a través de su teléfono móvil y también mediante la Oficina de Comunicaciones de Justicia de Alajuela, así como a través del anuncio en San José, donde se hicieron tres intentos sin resultados positivos», explicó Zúñiga.
El director continuó afirmando que «una vez completadas todas las gestiones, continuamos solicitando ayuda de la agencia conforme al artículo 15 de la ley de notificación», que establece procedimientos específicos para asegurar que las notificaciones se realicen de manera efectiva.
Acción aceptada y común
Las autoridades abordaron la ley que se menciona anteriormente, haciendo especial énfasis en el
Artículo 15 – Notificación de la comisión:
Cuando se notifique a los residentes que se encuentren fuera de su hogar, esto se hará a través de la autoridad competente de su residencia, quien tendrá la responsabilidad de comunicar la resolución y las copias relevantements de la ley. La notificación también debe incluir el nombre completo de la persona a ser notificada y su dirección exacta.
Zúñiga aseguró que este tipo de procedimiento no es exclusivo de este caso; se ha empleado con otros funcionarios en el pasado, subrayando que el OIJ respaldaba la decisión del Poder Judicial de actuar de esta manera en relación a Aguilar.
Proceso personal
Las autoridades confirmaron que existen tres casos abiertos en contra de Aguilar: los números de archivo son los siguientes:
- 25-00786-0031-DI
- 25-00992-0031-DI
- 25-000168-1821-DI
Esto confirma que es esencial que la notificación sea realizada de manera personal. «Este procedimiento debe cumplirse en persona, ya que es una transferencia dentro de los procesos disciplinarios que son parte necesaria del correcto proceder jurídico», afirmaron desde el Poder Judicial.
Romper para que los trajes no expliquen
El director del OIJ y el Poder Judicial declararon que era sumamente urgente notificar a Aguilar sobre las razones administrativas abiertas en su contra antes de que transcurrieran tres días y los plazos expiraran.
Zúñiga expresó su preocupación de que el funcionario no estuviera debidamente informado, lo que complicó el cumplimiento del proceso. Según el Poder Judicial, el artículo 211 estipula que:
211. Artículo – La acción para investigar violaciones debe iniciarse dentro del mes posterior al momento en que se tiene conocimiento de ellas. La investigación debe cerrarse dentro de un año desde su inicio y, en caso de que persista la infracción, las sanciones correspondientes deben aplicarse dentro del mes, ya que la Persona responsable tiene la obligación de actuar. Las resoluciones siempre estarán sujetas a apelación, excepto por parte del tribunal correspondiente, que solo podrá ser revisada o modificada.
En caso de que surja evidencia y se trate de un caso penal por los mismos hechos, se considerará que la prescripción de los delitos se detendrá para utilizar la teoría disciplinaria.
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Agentes armados
Randall Zúñiga también mencionó que todos los agentes del OIJ portan armas, incluso durante sus horas de trabajo. «Es por ello que hemos presenciado intervenciones policiales en simultáneo con la función del oficial que no está en funciones de investigación», recordó Zúñiga. La jerarquía del OIJ enfatizó que, aunque la notificación sea realizada por ellos, «los agentes siempre trabajarán en parejas o en tríos, como en este caso, para cualquier actividad, dado la naturaleza de su labor tanto en gestión como en investigación».
Aguilar contra el Ministro de Justicia
Esteban Aguilar, anteriormente fiscal de delitos cibernéticos, solicitó un año de licencia salarial debido a fricciones con Carlo Díaz, el Ministro de Justicia. Aguilar ha denunciado a Díaz por acoso laboral, describiendo estos incidentes como un «ataque sistemático» en su contra. Su descontento lo llevó a participar en protestas en marzo, donde exigió la renuncia de Díaz.
Desde el 31 de marzo, la Comisión confirmó su nombramiento en el MICITT. El gobierno defiende su carrera y el prominente perfil profesional de Aguilar, quien destaca poseer 13 años de experiencia profesional, incluyendo 5 años como fiscal principal en delitos de violación informática. Ha recibido capacitación y certificados en diversas áreas como legislación informática, traceabilidad criptográfica, y seguridad en redes.
Micitt también subrayó que Aguilar ha sido una figura clave como formador a nivel nacional e internacional, trabajando con el Consejo Europeo y la UNODC para capacitar a funcionarios en la investigación de delitos informáticos, además de haber participado activamente en la creación de leyes y contratos internacionales relacionados con cibercriminalidad. Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, reafirmó que se necesita su apoyo para gestionar problemáticas críticas como los ataques en línea.
