El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha dado respuesta, el miércoles pasado, a una advertencia emitida por la Corte Suprema en relación con las elecciones, que fue presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esta advertencia tenía como finalidad recordar al presidente que no debe pronunciarse sobre asuntos relacionados con la política electoral, tal y como lo establece la legislación vigente.
Durante una conferencia de prensa conducida desde Atenas, en la que se reunió el Consejo de Gobierno, el presidente Chaves compartió su opinión respecto a la advertencia en términos que pueden ser considerados como inusuales y llamativos. El presidente realizó una comparación que, según él, ilustra la naturaleza de la advertencia recibida:
‘Es como si un tribunal penal me enviara una carta que dijera: ‘El presidente de la República está prohibido de cometer robos a mano armada, asesinatos o de conducir un vehículo de manera imprudente.’ Lo que está claramente escrito en la ley.’
La advertencia del TSE, en forma de precaución, pretende señalar al presidente que debe abstenerse de realizar comentários o actos que puedan comprometer las ‘garantías efectivas de (…) imparcialidad por parte de las autoridades gubernamentales’, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 95.3 de la Constitución Política del país.
Una parte fundamental de esta advertencia se enfoca en la necesidad de mantener un estricto respeto por la autonomía de los votantes. Se subraya que es prohibido el uso de recursos públicos, en cualquier forma, con el objetivo de influir en la autodeterminación de los votantes. Durante el período en que se mantenga esta gestión de protección electoral, se prohíbe al presidente realizar cualquier tipo de manifestación o comportamiento que pueda afectar a las partes involucradas, tales como candidatos o tendencias políticas de cualquier tipo. Esa prohibición es clave para garantizar la prosperidad de la representación democrática y la integridad del proceso electoral en el país.
Es importante señalar que la no observancia de esta orden de precaución emitida por los magistrados electorales, que actúan en su calidad de jueces de la República, podría constituir un delito de desobediencia bajo las disposiciones de la Ley Penal.
Además, se debe recordar que el TSE ha estado llevando a cabo investigaciones sobre diversos cargos que involucran al presidente Chaves, específicamente en relación con protestas pasadas que ha encabezado, las cuales han sido objeto de críticas y controversias políticas. Estas investigaciones reflejan la atención que el TSE está prestando a las acciones del presidente y sus posibles implicaciones en el clima electoral actual.
