La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, Archivo 24.015 reinó el miércoles, ha presentado una propuesta originada por la fracción del Partido Cristiano de Unidad Social (PUCC) que procura permitir el trabajo de médicos extranjeros en el Fondo de Seguridad Social de Costa Rica (CCSS). Esta iniciativa ha desatado un acalorado debate en el seno de las diferentes fracciones del Congreso, donde emergen opiniones encontradas sobre su viabilidad y sus implicaciones para el sistema de salud del país.
El proyecto ha generado divisiones notables entre los partidos, con representantes del Frente Amplio (FA) y algunos miembros del Partido Liberación Nacional (PLN) expresando su firme oposición a la propuesta. Estos opositores argumentan que la iniciativa podría abrir «portillos peligrosos», lo que haría posible la llegada de médicos con formación cuestionable, una situación que consideran una amenaza tanto para la salud de los ciudadanos como para la sostenibilidad de la caja del Seguro Social.
La diputada Sofia Guillén, del FA, hizo énfasis en la comisión al indicar que el archivo de la propuesta debe ser «presentado y rechazado». Según su análisis, el plan contiene una serie de impresiones e inconstitucionalidades al no respetar la autonomía de la CCSS ni de las universidades del país. Guillén sostiene que la raíz del problema se basa en la creencia equivocada de que hay una escasez real de especialistas médicos, afirmando que el actual gobierno está más bien favoreciendo medidas que alientan a los profesionales a abandonar sus puestos de trabajo debido a los bajos salarios, lo que deteriora el Seguro Social.
La diputada destacó que podría extenderse la posibilidad de que se traigan médicos extranjeros «formados en condiciones no ideales», cuyo potencial acreditación sería controlada por un comité dirigido por el Ministro de Salud. Si bien el Colegio Médico ha señalado que estos médicos no deberían ser acreditados correctamente (debido a que no cumplen con los estándares requeridos), esto no representaría un obstáculo para que ellos pudieran desempeñar funciones dentro de la CCSS.
Guillén reiteró que esta nueva ley podría eventualmente llevar a la debacle del Seguro Social, pues daría pie a que un número significativo de médicos con una formación insuficiente ingresen al sistema. Por su parte, Kattia Rivera, diputada del PLN, también se pronunció en contra del proyecto, advirtiendo que representa «otro paso para debilitar la caja». Rivera destacó la problemática del retiro del examen requerido por la Facultad de Medicina que verifica la capacidad profesional de los médicos que vendrían al país para laborar en la institución.
Por otro lado, Monserrat Ruiz, de partido Verdiblanco, comentó que realmente no hay una escasez tangible de especialistas en Costa Rica, sino que el verdadero problema radica en la falta de capacidad del país para retener a estos profesionales. Agregó que el sistema sólo implementará un examen general sobre conocimientos básicos de medicina, lo que no proporciona una evaluación técnica más exhaustiva de las competencias de los médicos que cisnarían.
En contraste, la propuesta contó con el respaldo de voces de la fracción social-cristiana, como Horacio Alvarado, María Marta Carballo, y Daniela Rojas, así como del diputado liberal progresista, Gilberto Campos, y otros miembros de diversas fracciones que abogan por su implementación. La situación ha creado un ambiente de tensión entre los que abogan por mejorar la atención médica y aquellos que advierten sobre los riesgos potenciales que representa la llegada de personal médico extranjero sin las credenciales adecuadas.
En una intervención relevante, Carballo recordó que el gerente médico de la Caja, en su audiencia ante la comisión, había defendido el plan a pesar de la resistencia que muestran algunos gremios del sector en relación a la formación de expertos médicos. Resaltó que el país no puede seguir postergando la capacidad de atención médica, mientras costarricenses mueren en las eternas listas de espera. Carballo enfatizó que, lamentablemente, algunos representantes no parecen estar dispuestos a ofrecer a los ciudadanos una atención médica de calidad y accesible.
El legislador subrayó que existen numerosos médicos extranjeros autorizados por la misma CCSS que ya están laborando en el país, proporcionando atención y salvando vidas. Carballo hizo hincapié en que, en lugar de esperar cinco años para una consulta, es preferible optar por la atención de un médico extranjero.
«Afirmar que la llegada de médicos extranjeros pone en peligro la vida de los costarricenses es una declaración irresponsable y carente de pruebas, considerando las experiencias previas que hemos tenido con médicos de otros países», concluyó Carballo.
¿Qué está haciendo el proyecto?
La propuesta se centra en establecer un examen único para la validación de la formación de especialistas y busca promover la regionalización para facilitar el acceso a médicos en zonas rurales, además de proponer cambios en los contratos de compensación para mejorar la retención de estos profesionales en el sistema de salud nacional.
Estas medidas están diseñadas con la intención de mejorar la distribución y la disponibilidad de médicos especializados a lo largo del país, así como para agilizar los procesos administrativos dentro de la CCSS y optimizar el uso del recurso humano en el sistema de salud.
Según datos proporcionados por la gerencia médica de la CCSS, se estima que entre 2023 y 2025, 5,793 personas perderán la vida mientras esperan ser operadas. Para el año 2037, la entidad prevé necesitar más de 4,000 especialistas para satisfacer la demanda.
El proyecto ahora avanzará en su análisis dentro de los planes correspondientes, y se anticipa que los delegados que se oponen a esta reforma presentarán mociones para intentar bloquear su avance.
