La reciente discusión en el ámbito legislativo ha sido muy tensa y ha dejado en claro las divisiones sobre el tema de las pensiones. El oficial adjunto del fallo, Pilar Cisneros, expresó su descontento al señalar que «la reforma constitucional fue propuesta con la intención de permitir un referéndum que diera a los ciudadanos la oportunidad de decidir si se eliminarían las pensiones consideradas como de ‘lujo'». Esto ha motivado un intenso debate entre los diferentes partidos políticos y sobre todo, ha evidenciado la urgencia de abordar el tema de las pensiones en el país.
Una de las principales preocupaciones expresadas por Cisneros es la reforma del artículo 105 de la constitución política que, mediante la propuesta “Deceto”, buscaba que los ciudadanos pudieran tomar decisiones respecto a la eliminación de estas pensiones que, a menudo, son vistas como un porcentaje muy elevado que afecta al presupuesto nacional.
El Observador destacó la falta de apoyo para el proyecto, lo que ha llevado a que se considere que la iniciativa no continuará por el camino legislativo. El miércoles pasado, se completó la tercera lectura del documento relacionado con dicha reforma, pero los votos no fueron suficientes para avanzar, permitiendo que el establecimiento de un comité legislativo que analizaría el proyecto y recomendaría al Parlamento la continuación de la iniciativa, se desestimara.
Con solo 16 votos a favor y 25 en contra, la propuesta no prosperó. Como resultado, el presidente interino del Parlamento, Carlos Felipe García, quien también funge como secretario de la Legislatura, anotó que “la lista va al archivo”, dejando claro que las posibilidades de reactivar la discusión son escasas por el momento.
El fallo fue respaldado principalmente por los partidos Pusc y Nueva República, mientras que la oposición vino de parte de PLN, Frente Amplio, PLP y algunos suplentes independientes, lo que evidencia las profundas divisiones ideológicas sobre el tema de las pensiones.
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Cisneros, líder del partido gobernante, durante la sesión legislativa. Ella ha presentado reformas constitucionales enfocadas en la posibilidad de realizar un referéndum sobre las pensiones. (Archivo / Asamblea Legislativa)
Un monto millonario
Para Cisneros, la negativa a procesar esta reforma constitucional es considerada como un “robo” de 265,000 millones al país. Ella lamentó que «si realmente estuviéramos cumpliendo con la constitución y con la ley, que establece que todos somos iguales ante la ley, no debería existir una pensión de lujo».
Este monto de 265 mil millones, que se gasta anualmente en estas pensiones, representa una cantidad significativa donde podrían destinarse recursos a áreas críticas como el desarrollo de infraestructuras, educación, seguridad y becas, entre otros. En sus declaraciones, Cisneros enfatizó que estos recursos podrían cambiar la calidad de vida de muchos ciudadanos si fueran redirigidos adecuadamente.
El jueves, durante una discusión sobre una factura que busca aumentar el financiamiento para la construcción o reparación de puentes, Cisneros aprovechó la ocasión para resaltar la situación. En este contexto, hizo hincapié en que es inaceptable que se mantengan sumas tan altas de dinero para personas que no han contribuido lo suficiente durante su vida laboral, mientras que los fondos escacean para mejorar la infraestructura y servicios básicos del país.
La votación que se llevó a cabo fue definitiva, y con ello, las reformas anunciadas en abril de 2023 quedaron finalmente sin efecto legislativo, lo que plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de pensiones y su sostenibilidad en el contexto actual.
