El 1 de abril, se llevó a cabo una sesión legislativa que resultó en la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley crucial. Este proyecto tiene como objetivo permitir que los agentes del Instituto de Investigación Judicial (OIJ) puedan acceder a pensiones anticipadas a partir de los 55 años, siempre que cumplan con ciertos requisitos establecidos. Este desarrollo es significativo en el contexto de las políticas de pensiones y la carrera de estos funcionarios quienes desempeñan un papel vital en la seguridad pública.
Según las disposiciones del proyecto, los agentes del OIJ pueden retirarse de su servicio activo a los 55 años, lo que implica un cambio importante en las condiciones de jubilación para estos profesionales. Esto significa que podrán gozar de una pensión que podría abarcar hasta 10 años antes de lo que normalmente se establece en otras profesiones.
Sin embargo, a solo unos días de la primera aprobación, el presidente Rodrigo Chaves anunció sus intenciones de ejercer un veto cuando el proyecto llegara a su escritorio. Esta decisión ha generado un debate considerable entre los legisladores, quienes están analizando las implicaciones de tal veto en el sistema de pensiones y la moral de los cuerpos de seguridad.
La votación para el segundo debate estaba programada para la semana anterior, pero el líder del partido decidió retirar este asunto del programa de discusión. Este movimiento sugiere una cierta falta de consenso dentro del poder legislativo sobre el futuro de este proyecto. «Con el acuerdo de la sede para buscar más solidaridad», comentó la subdirectora Alejandra Larios, en referencia a la decisión de aplazar la discusión del tema.
El proyecto, conocido con el Registro 22.817, fue presentado en 2021 por Dragos Donolescu y ha sido defendido por la diputada Verdiblanca Larios durante el presente período legislativo. Originalmente, contaba con el apoyo de 32 suplentes y solo una decisión en contra, lo que reflejó un respaldo significativo en sus primeras etapas. Sin embargo, la oposición del gobierno parece haber sido un factor determinante que ha afectado su avance, ya que los legisladores han monopolizado el tiempo del debate en lugar de permitir el progreso de otras iniciativas.
En una reciente sesión legislativa celebrada el jueves 10 de abril, hubo un notable estancamiento en la agenda, destacándose que se discutieron muy pocos de los puntos programados. Esto señala las tensiones existentes respecto al proyecto y su futuro incierto.
Comentario más: los agentes dieron el primer debate del proyecto que permite a los agentes de OIJ a una pensión de 55 años de edad
Diputado Larios contribuye al proyecto.
Propuesta
Para que los empleados del OIJ puedan beneficiarse de una pensión anticipada, deben cumplir con un conjunto de criterios específicos. Uno de los requisitos fundamentales es que deben haber trabajado como mínimo 30 años dentro de la organización. Esta modificación tiene como fin mejorar las condiciones de jubilación y ofrecerles una vida más digna a quienes han dedicado tanto tiempo y esfuerzo al servicio público.
El proyecto también establece que las pensiones otorgadas a estos agentes serían equivalentes al 82% del promedio de sus últimos 240 salarios mensuales, cifra que se ajustaría en función del índice de precios al consumidor. En este sentido, las condiciones de retiro y el monto de la pensión tienen un fundamento sólido en el sistema de servicios gubernamentales.
Además, el proyecto incluye un artículo clave que detalla las condiciones para la jubilación anticipada si no se cumplen todos los años requeridos. Específicamente, el texto indica:
«Si el retiro ocurre cuando el servidor público cumple con la edad o más, pero no ha alcanzado los treinta años de servicio requeridos, la jubilación se calculará en proporción a los años trabajados, siempre y cuando se justifique el número de años de servicio.»
Para calcular el promedio de salario mencionado en el anterior artículo, este se multiplicará por el número de años trabajados y el producto se dividirá entre 30, obteniendo así el monto que se destinará a la pensión.
El presidente Chaves ha expresado su intención de utilizar el veto en defensa de un ejército público que –según él– no debería ofrecer pensiones a edades tan tempranas. Intentando establecer un paralelo con otros cuerpos de seguridad, destacó las dificultades y riesgos que enfrentan los agentes, mencionando casos concretos como el de Maynor Martínez, un oficial de policía fronterizo que claramente evidencia la naturaleza del trabajo que realizan.
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