El diputado oficial Daniel Vargas ha tomado la iniciativa de promover un proyecto de ley que se encuentra identificado con el archivo 24.929, el cual tiene como objetivo establecer la obligación de que los cinco rectores de universidades públicas presenten un informe detallado sobre el estado de sus respectivas instituciones. Este informe deberá ser realizado anualmente en el mes de febrero, proporcionando así un mecanismo de rendición de cuentas necesario para la transparencia en la gestión universitaria.
La propuesta busca que los rectores tengan que presentar, ante el plenario y, de manera abierta a toda la población, una rendición anual que contenga un balance preciso del último año calendario, centrándose principalmente en la situación financiera de cada universidad pública. Este balance no solo debe ser claro en términos de números, sino que también debe incluir la descripción de los objetivos y las medidas adoptadas por cada institución con el propósito de mejorar su eficiencia y productividad.
Cada uno de los informes de los rectores tendrá un límite de tiempo de 20 minutos para su presentación, periodo que deberá ser aprovechado para abordar varios aspectos cruciales que reflejan la realidad de las universidades. Estos aspectos incluyen, pero no se limitan a:
- Adaptación de la oferta académica al mercado laboral
- Porcentaje de inserción laboral de profesionales de posgrado
- Desempeño de los estudiantes
- Promedio de costos por estudiante
- Porcentaje de estudiantes de posgrado en relación al total
- Desempeño financiero de la institución en general
- Detalles de ingresos (por ejemplo, del Fondo Especial de Educación Superior, transferencias estatales, y otros servicios)
- Lista de gastos implicando salarios, becas, costos administrativos, financieros, entre otros
- Balance financiero actual y proyecciones para los próximos cinco años
- Rendimiento de los cuerpos de investigación, relacionando costos y resultados obtenidos
- Desempeño de los organismos que asesoran a la administración pública, también con énfasis en costos y resultados
Presidente de Conare
Además de lo anterior, se contempla que el Presidente del Consejo Nacional de Rectores deberá asistir antes de que se realicen las compensaciones, con el deber de presentar un informe también dirigido a la población. Este documento debe abarcar un resumen de la gestión del consejo durante el año anterior, ocupando un espacio de 20 minutos para su exposición. Los temas que deberá tratar incluyen:
- Estado actual de la educación universitaria
- Distribución presupuestaria del Fondo Especial de Educación Superior
- Ingresos generados a través del registro universitario
- Ingresos provenientes de otros servicios ofrecidos por cada universidad
- Número de estudiantes matriculados en cada universidad
- Costos promedio por estudiante en cada universidad
- Porcentaje de graduados en el ámbito universitario
- Porcentaje de estudiantes en programas de postgrado por universidad
- Porcentaje de éxito en la clasificación laboral de los graduados universitarios
El diputado Vargas subrayó que es vital considerar la gestión financiera en base al presupuesto nacional del 2024, donde las universidades públicas consumen el 20.8% de dicho presupuesto. Es fundamental que se logren los objetivos previamente establecidos basándose en el uso efectivo de estos recursos, asegurando que el enfoque siga siendo la formación de profesionales altamente calificados para que puedan integrarse adecuadamente en el mercado laboral nacional.
Posteriormente, este proyecto deberá iniciar su recorrido legislativo antes de tener la posibilidad de convertirse en una ley de la República.
