El pasado 18 de febrero, el presidente Rodrigo tomó la decisión de vetar el proyecto conocido como «bajos costos para América Central», una propuesta impulsada por el subdirector general Eli Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP). Este veto ha generado una considerable incertidumbre entre los diputados y la sociedad en general, debido a la importancia del proyecto para mejorar la accesibilidad de los vuelos dentro de la región.
Han pasado dos meses desde que se aplicó el veto, y hasta ahora el tema no ha sido discutido en el Parlamento. La situación ha ocasionado que la fecha para que los diputados tomen una decisión sobre si se mantiene el veto o se restablece la ley de la República continúe en un limbo. Este próximo lunes, dicho asunto volverá a ocupar la agenda de los legisladores después del receso habitual de los fines de semana, justo antes del cierre de las sesiones ordinarias del mes.
La situación es apremiante, considerando que el Parlamento tiene como límite el 30 de abril para abordar este tema, desde que un período extraordinario de sesiones inicia el 1 de mayo. Durante estos meses, la autoridad ejecutiva asume el control de los mandatos legislativos y de las compañías parlamentarias, hasta finales de julio, lo que añade un sentido de urgencia en la resolución de esta controversia.
Hasta la fecha, ha habido tres ocasiones en las que se ha postergado la discusión del veto. La primera fue a finales de febrero, cuando los diputados optaron por no eliminar el documento a pesar de la presión ejercida por el partido gobernante. Posteriormente, fue previsto discutirlo antes del 11 de marzo, y aunque se fijó una fecha para el 18 de marzo, el asunto no se trató en la sesión legislativa correspondiente.
Desde ese momento, no se ha acordado otra fecha para tratar el tema, a pesar de las insistentes solicitudes de Pilar Cisneros en las últimas sesiones, donde ha demandado claridad sobre el futuro del proyecto. «No establecen una cita; no sé si quieren dejarlo perpetuamente en el aire», cuestionó la líder de la bancada gobernante hace sólo un día. «El reglamento establece que el Parlamento tiene un mes para decidir sobre el asunto, y no sólo no lo han revisado, sino que la discusión continúa sin avanzar», añadió.
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Los suplentes están esperando que se defina la fecha. (Archivo/la foto del observador)
Ellos tienen un voto
Desde que se hizo efectivo el veto, los diputados del Partido Liberal Progresista han afirmado que cuentan con los votos necesarios para revocar dicha decisión. Para que el proyecto se transforme en ley, se requiere un mínimo de 38 votos dentro del Parlamento. La propuesta tiene como objetivo permitir que los costos de los pasajes aéreos para vuelos reparten el acceso a la región de América Central no sobrepase los $100 en viajes de ida y vuelta, y esto sin incluir equipaje documentado, ya que se permite solo el transporte de un objeto personal.
Asimismo, la iniciativa contempla una reducción del costo a $120 para los boletos aéreos hacia la República Dominicana, también en itinerarios de ida y vuelta, y bajo la misma normativa respecto al equipaje. El propósito principal de esta propuesta, según lo expresado por diferentes portavoces involucrados, es permitir que los viajeros que tengan motivos de negocio puedan costear sus viajes sin tener que pagar cantidades desmesuradas, así como facilitar que aquellos que buscan disfrutar de vacaciones puedan hacerlo de una manera más accesible y efectiva.
Los representantes liberales progresivos han defendido su posición, asegurando que disponen entre 39 y 40 votos para llevar a cabo la reactivación del proyecto. «Si habría una asistencia total o mayoritaria, contaría con 39 o 40 votos, lo que garantizaría su aprobación», expresó días atrás uno de los miembros del legislativo, Luis Diego Vargas. «Es crucial encontrar un momento en el que haya suficientes diputados en pleno para que la iniciativa prospere», afirmó.
Sin embargo, frente a esta nueva versión del proyecto, ya se han confirmado 17 votos en contra de diversos partidos de oposición, lo que ha llevado a una impasse. La discusión de la propuesta se ha visto complicada, incluso se consideró la necesidad de enviar el documento a la Agencia Constitucional para su revisión, sin embargo, esto no se concretó.
Esto ha generado división, ya que se cuentan ocho votos en oposición, incluyendo seis provenientes del nuevo partido republicano, mientras que los cristianos -quienes inicialmente apoyaron el objetivo de estos cambios- han optado por cambiar su postura en este nuevo escenario. Asimismo, votarán en contra el libertario Joaquín Hernández y los cristianos sociales Carlos Andrés Robles y Melina Ajoy.
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