El empresario Leonel Baruch ha tomado una drástica decisión al presentar un caso penal que involucra al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en la jurisdicción del crimen organizado. Esta acción ha suscitado un notable interés en los medios y en el ámbito político del país.
Baruch no está solo en esta causa, ya que se mencionan a varios individuos clave en su denuncia, entre ellos la diputada Pila Cisneros, el abogado José Miguel Villabos, el exdiputado Otto Guevara, así como Carlos Valenciano, David Patey y Richard Molina, todos ellos involucrados en la gestión de Opa Channel, TrVeision y The Guardian. Estos personajes han sido descritos como parte de una organización que, según Baruch, se dedica a la difusión de información falsa y a otros actos ilegales tales como abuso de energía y tráfico de influencias.
Baruch ha declarado que «la información publicada por un medio panameño y repetida por AMROI por los participantes de estas organizaciones criminales controladas por el presidente Chaves es absolutamente falsa. En Panamá, no existe registro alguno de que se esté llevando a cabo una investigación en mi contra o en contra de BCT por cualquier delito». Estas afirmaciones colocan a Baruch en una postura defensiva en el marco de alegaciones graves que podrían repercutir en su reputación y en la de su empresa.
En una entrevista en CRHOY.com, Baruch negó cualquier vínculo entre su negocio y actividades como lavado de dinero o evasión fiscal. De hecho, hizo énfasis en que una publicación reciente por el periódico La Estrella de Panamá no hace referencia alguna a BCT Bank, lo que agravaría la situación si las alegaciones fueran ciertas.
El 15 de abril, la publicación PanameNian Digital Media manejó un artículo titulado «Banco, bajo la copa de lupa de Panamá y Costa Rica», el cual fue firmado por José Arcia. Este texto presenta información de fuentes anónimas sobre la supuesta investigación que las autoridades estarían llevando a cabo contra el Banco Rika. La pieza informativa menciona que «las autoridades de Costa Rica y Panamá han estado investigando casos de presunto lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con la estructura financiera de TICO, que tiene una filial en el Centro de Banca Panameña y que ha transferido más de $100 millones sin justificación».
«El estudio comenzó en Costa Rica como una discusión sobre la evasión fiscal en el Ministerio de Finanzas por más de $10 millones, de redes internacionales registradas en Panamá», asegura la publicación, la cual continúa con la enumeración de las alegaciones.
En respuesta a las alegaciones, Baruch ha defendido su posición subrayando la inexistencia de investigaciones en su contra, tanto en Costa Rica como en Panamá, refutando así las historias que circulan al respecto.
Esta es la versión del medio panameño.
Desde la perspectiva de Baruch, el medio panameño involucrado en esta situación debe ofrecer explicaciones sobre su papel en este caso penal que, según él, está vinculado al crimen organizado bajo el mando de Chaves Robles. Además, considera que la diputada Pilar Cisneros debe aclarar su supuesta participación en esas prácticas periodísticas que, según él, tienen tintes alarmantes.
Baruch también comentó que todo esto trae a la mente una supuesta Megacasa de evasión fiscal en la que se vio involucrado en enero de 2023, cuando las autoridades fiscales condenaron el caso, argumentando que había causado un daño al Tesoro que ascendía a 11,000 millones.
Sobre Pascua
Una de las otras acusaciones realizadas por Baruch es que la situación en Panamá se implementó durante un fin de semana, lo cual limitó la capacidad de reacción inmediata, dado que coincidía con un feriado. Según sus observaciones, esto implicó que se necesitara casi una semana para desmentir las falsedades en las declaraciones que se hicieron. Además, sostiene que esta maniobra está relacionada con intentos por silenciar al medio CRHOY, un medio semanal que señala irregularidades en el gobierno de Chaves.
«El método que se ha utilizado ya es bien conocido: mentir sobre mala conducta, y en este caso, centrar la atención en acusaciones que pueden distraer de la corrupción debidamente probada», concluyó Baruch, enfatizando la gravedad de la situación.
