Al reanudar sus actividades laborales tras el receso de Semana Santa, los miembros del Congreso se reunieron como parte del comité encargado de la seguridad y de las políticas en relación a las drogas en la Asamblea Legislativa, abordando diversos proyectos de ley. En este contexto, decidieron proseguir con el análisis de diversas iniciativas que se encuentran en proceso dentro del Parlamento.
Uno de los proyectos más destacados es una propuesta que busca establecer un banco de material genético mediante el manejo de una lista que se ha cifrado en 24,327 registros, los cuales están dirigidos a delitos de naturaleza sexual que han sido considerados graves y violentos.
La iniciativa fue puesta sobre la mesa por Maria Marta Carballo, quien ocupa la jefatura en la unidad social cristiana (PUSC) y recibió el apoyo correspondiente de la legislatura ante la Comisión. Se plantearon enmiendas que se propondrían de acuerdo al Artículo 137 de la normativa vigente.
El propósito fundamental de este proyecto es conseguir la creación de una base de datos que recopile información sobre aquello individuos que se encuentren privados de libertad como resultado de delitos sexuales. Además, se busca asegurar la obtención del material genético de aquellos que han sido condenados a penas superiores a cuatro años de prisión.
“Estamos presentando una propuesta con la intención de facilitar la investigación en casos existentes, y apoyar futuras investigaciones, lo que contribuirá a la seguridad pública, al mismo tiempo que se garantizará la eficiencia en los procesos judiciales, la prevención del delito y la protección de los derechos de las víctimas», indicó Carballo al presentar la propuesta ante el comité.
El proyecto de ley también tiene como objetivo robustecer las tareas de investigación y la resolución de casos que están relacionados con delitos sexuales, donde la evidencia obtenida a partir del material genético es esencial para estos procesos.
Desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se manifiesta la necesidad de contar con un banco de ADN en este sentido. Randall Zúñiga, director de la corte, ha expresado que considera este desarrollo como un avance significativo. “Hemos debatido la importancia de contar con un registro de delincuentes que permita al OIJ vigilar a posibles depredadores sexuales una vez que estos han cumplido su condena, ya que actualmente no se realiza este seguimiento debido a restricciones legales. Este tipo de medidas son fundamentales para la seguridad de las mujeres», afirmó.
Verifique más: PUSC sugiere que OIJ tiene un banco de material genético para los ex -calculaciones de delitos sexuales
En 10 años
La propuesta busca añadir dos subcapítulos al Artículo 4 de la Ley orgánica del Instituto de Investigación Judicial (OIJ). En este contexto, se establece que la institución deberá contribuir a la creación de un banco de material genético que sirva para las investigaciones y también para asegurar la confidencialidad en el manejo de la información recolectada.
“La agencia tiene la obligación de proteger, custodiar y restringir el acceso a toda la información recopilada, manteniéndola bajo el más estricto nivel de confidencialidad, y esta información solo podrá ser utilizada por investigadores, jueces, fiscales y defensores en el marco de los procesos judiciales correspondientes”, establece el proyecto en términos específicos.
Es importante mencionar que la información recopilada permanecerá registrada en los archivos del OIJ por un lapso de diez años a partir de la condena del acusado. Después de transcurrido este periodo, se deberá eliminar tanto la información como el material genético correspondiente.
Randall Zúñiga detalló también cómo se procederá a la recolección de muestras para su inclusión en el banco de material genético. “Este tipo de muestra es no invasivo. Se utiliza un dispositivo económico y simple que se coloca en el paladar, permitiendo extraer células epiteliales para realizar comparaciones y establecer los bancos de ADN, lo cual facilitará la resolución de casos de un modo más eficiente”, dijo Zúñiga.
Tras recibir opiniones sobre este documento, el mismo será enviado al Ministerio Público (MP), pero regresará al Comité de Seguridad para continuar los procesos establecidos mediante el Artículo 137, antes de que sea sometido a votación en primera y segunda ronda.
