En una importante decisión, el tribunal pleno se pronunció de manera unánime esta tarde, acordando extender el permiso para el oficial judicial, Manuel Jiménez Steller, quien continuará su labor durante un año más como Viceministro de Seguridad Pública. Esta medida ha sido objeto de análisis y debate, reflejando la relevancia del rol que desempeña Jiménez Steller dentro de la estructura del sistema judicial y de seguridad pública de nuestro país.
Durante la sesión efectuada el lunes 21 de abril de 2025, el Tribunal Plenario tomó la decisión de aprobar una extensión de un año al consentimiento de Jiménez Steller, quien se encuentra actualmente en un estatus de servicios sin remuneración adicional, pero con un compromiso del gobierno hacia su importante función. Este funcionario no solo es una figura destacada en el Ministerio Público, sino que también ostenta el cargo de Vicepresidente de Seguridad, un puesto clave en las políticas de seguridad y justicia del país.
El marco legal que regula este tipo de extensiones es la Sección 44 de la Ley Orgánica del Judicial, la cual estipula claramente que el permiso en cuestión debe recibir una aprobación que cuente con el respaldo favorable de al menos tres cuartas partes del total de magistrados y magistradas, es decir, se requieren un mínimo de 17 votos positivos para que la solicitud sea aceptada. Este aspecto resalta la necesidad de un consenso significativo en decisiones que afectan la administración de justicia y las políticas públicas.
En el caso específico de la solicitud presentada para la extensión del permiso de Jiménez Steller, la votación resultó en un total de 17 a favor y 5 en contra, lo que refleja el respaldo que tiene el oficial judicial entre sus pares. El apoyo a su continuidad es un testimonio del reconocimiento a su trayectoria y a la importancia de su rol en la lucha por la seguridad y la justicia.
Es relevante mencionar que el artículo en cuestión establece lo siguiente:
Artículo 44: «… Para servir en otra dependencia del estado, el acuerdo debe adoptar para tres cuartos del total de magistrados o miembros del consejo, si corresponde …» – Ley orgánica del poder judicial.
Resulta interesante observar que tan solo el 31 de marzo pasado, el tribunal había denegado una solicitud de consentimiento semejante que fue presentada por el actual Ministro de Justicia, Gerald Campos. Esta decisión posterior resalta la complejidad de las circunstancias en las que los funcionarios deben operar y las distintas consideraciones que juegan un papel crucial en la toma de decisiones de este tipo.
A raíz de esa resolución negativa, se dio a conocer que el Ministro de Justicia renunció a su puesto en la Agencia de Investigación Judicial (OIJ) para poder continuar en su función como ministro en el gobierno actual, un movimiento que dice mucho sobre las tensiones y desafíos enfrentados en la estructura del sistema judicial del país.