El 31 de marzo, el primer debate sobre una controvertida propuesta legislativa culminó con una votación dividida, en la que 21 diputados, de un total de 22,834, decidieron enviar el proyecto para su revisión por la Agencia Constitucional. Esta iniciativa busca realizar modificaciones a la ley 8,754, que establece leyes contra el crimen organizado, con el objetivo de reforzar las competencias de las entidades que gestionan lo que en términos coloquiales se conoce como las «nuevas capitales».
El origen de este proyecto se remonta al gobierno saliente de Carlos Alvarado, quien lo presentó como parte de sus propuestas para combatir la criminalidad. Sin embargo, la reacción en el ámbito parlamentario ha sido de notable oposición. Entre los firmantes de la solicitud de consulta se encuentran representantes de partidos como Pusc, Progressive Liberal, la nueva República y el fallo, quienes argumentan en contra de la iniciativa.
Este no es el primer intento de llevar la propuesta a discusión. En septiembre de 2024, el proyecto había pasado su primera ronda de aprobación, pero fue objeto de críticas por parte del PLP, que presentó una consulta a la Sala IV, argumentando que la propuesta tenía el potencial de «erradicar un dominio oculto» indistintamente. Este documento ha sido revisado en varias ocasiones, reflejando las tensiones existentes entre las diversas fracciones políticas sobre cómo abordar el problema del crimen organizado.
Los comisionados están divididos en sus opiniones respecto a la estructura organizativa planteada en el proyecto. Mientras que muchos consideran que existe un vacío en este sentido, otros apuntan que la propuesta estipula la posibilidad de identificar una estructura de gobierno que estaría en sintonía con los lineamientos de la norma, permitiendo además que se puedan comunicar las quejas desde los medios respecto a casos previamente juzgados.
No obstante, algunos parlamentarios han expresado serias dudas sobre el documento. Uno de los ecosistemas críticos, conocido por su rigurosidad jurídica, advirtió que la redacción del texto es «inexacta y excesivamente amplia», y que podría vulnerar tanto el derecho a la defensa como los principios de justicia, advirtiendo de forma categórica en octubre pasado.
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Eli Feinzaig del PLP ha sido crítico con el proyecto.
Fue cambiado
Cuando el texto regresó a la Asamblea Legislativa desde la Sala IV, se dirigió al Comité Constitucional, donde se acordaron enmiendas a partir de las críticas planteadas. Así, pasó nuevamente al Comité de Seguridad, donde fue debatido y finalmente se remitió al Ministerio Público para un nuevo primer debate.
La propuesta, en su esencia, busca otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar que un tribunal de gestión y civil adopte medidas preventivas. Estas medidas están destinadas a asegurar, robar, preservar o verificar activos financieros y los intereses que puedan derivarse de ellos.
De este modo, se incrementa la capacidad del Ministerio Público para llevar a cabo congelaciones de activos cuando existan sospechas de delitos como el lavado de dinero o el enriquecimiento ilícito, y lo podrían hacer antes de que cualquier investigación formal dé inicio.
Sin embargo, esta capacidad ha suscitado críticas entre los legisladores que se oponen al proyecto, quienes consideran que tales medidas son riesgosas. La eliminación del umbral económico para permitir la congelación de productos es uno de los aspectos más controvertidos.
«Bajo una simple sospecha, sin la necesidad de una acusación formal, se podrán congelar activos», apunta Pilar Cisneros, líder del partido gobernante. Por su parte, Eli Feinzaig del PLP sostiene que «se invierte la carga de la prueba; uno no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que es culpable hasta que se demuestre su inocencia, y ni siquiera hay un umbral definido».
Añadiendo a esto, Feinzaig destaca que existen deficiencias significativas en las provisiones del proyecto, mencionando que los productos se congelarán sin acusaciones y que las personas afectadas tendrían apenas tres días para demostrar la procedencia de su patrimonio, incluso de los últimos diez años.
Por lo tanto, se establecerá un periodo de espera hasta que la Asamblea resuelva esta nueva consulta y se tomen las decisiones pertinentes en torno a la propuesta legislativa.
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