El Reunión legislativa ha tomado una decisión crucial el pasado miércoles, donde se aprobó, con una mayoría significativa de 44 votos a favor, el primer debate del ambicioso proyecto conocido como «Ley de Kimberly». Esta ley se presenta como una respuesta urgente a la creciente preocupación por la crisis de las desapariciones de mujeres en Costa Rica.
La «Ley de Kimberly» incluye diversas iniciativas, entre las cuales se destaca la obligación que tienen los medios de comunicación de emitir alertas relacionadas con mujeres que han desaparecido. Esto es un paso importante para informar y movilizar a la sociedad ante la potencial amenaza que enfrentan estas mujeres y, más importante aún, para facilitar su pronta recuperación.
El objetivo de este proyecto va más allá de la simple emisión de alertas; busca establecer un sistema de advertencia nacional que sea de carácter obligatorio y que implemente un protocolo de acción rápida en caso de la desaparición o la no localización de una mujer de edad legal en el país. Este protocolo está diseñado para activarse en situaciones en las que hay un indicio de que la persona está en peligro o sufre de alguna amenaza significativa. Cabe recordar que esta legislación también se puede referir informalmente como la ley de alerta y acción rápida antes de la desaparición o no ubicación de una mujer de edad legal en Costa Rica.
El proyecto de ley, identificado con el archivo 24311, rinde homenaje a la joven madre Kimberly Araya, cuya trágica muerte en abril de 2024 ha sido un catalizador para el cambio en la legislación. Kimberly fue asesinada, aparentemente por su esposo, y su cuerpo fue encontrado posteriormente en la Ruta 32, un crimen que ha conmocionado al país y ha impulsado acciones concretas por parte de los legisladores.
Este proyecto fue presentado por la lideresa de la fracción del Partido Cristiano de la Unidad Social (PUSC), María Marta Carballo. Su implicación y liderazgo en esta iniciativa muestra el compromiso de su partido para abordar un problema que ha afectado a tantas mujeres y sus familias en el país.
El proyecto
La propuesta busca estructurar acciones y procedimientos inmediatos para lograr una adecuada coordinación interinstitucional que permita no solo la prevención, sino también la atención, solución y monitoreo de cada caso de desaparición o no ubicación de mujeres de edad legal en Costa Rica de manera efectiva y eficiente. Este enfoque integral se presenta como un paso necesario para abordar la crisis de las desapariciones.
En relación con los medios de comunicación, se estipula que deben emitir alertas conocidas como mensajes de desaparecidas de forma gratuita. Estas alertas deberán incluir información crítica como el nombre completo de la mujer, su edad, fotos recientes, la vestimenta que llevaba al momento de desaparecer, el último lugar donde fue vista, y un contacto para aportar información relevante que pueda ayudar en la resolución del caso. Esto pone énfasis en la importancia de la colaboración entre diferentes sectores para abordar este grave problema.
Asimismo, la ley contempla la posibilidad de intervenir comunicaciones y acceder a documentos privados cuando existen sospechas de que una persona podría poseer información crucial que facilite la resolución de un caso de desaparición.
Sanciones
El texto de la ley también incluye medidas disciplinarias para aquellos que no cumplan con las pautas establecidas en la legislación. Las sanciones pueden oscilar entre cinco a treinta días de detención para quienes ignoren la obligación de informar sobre una desaparición, así como multas de uno a cuatro años de inhabilitación para funcionarios públicos que no realicen o que demoren las acciones estipuladas en esta ley.
Actualmente, el proyecto se encuentra en espera del segundo y último debate, programado para el 29 de abril, donde se espera su ratificación definitiva. Este paso es esencial para que la «Ley de Kimberly» pueda ser implementada y comience a hacer una diferencia importante en la vida de muchas mujeres y sus familias en Costa Rica.
