La reciente aprobación de una ley en la Asamblea Legislativa ha puesto en marcha un cambio significativo en el ámbito de las pensiones, ya que permitirá que el retiro total del régimen de pensiones obligatorio (ROP) sea accesible de forma más rápida para ciertas personas. Este desarrollo favorecerá particularmente a aquellos que enfrentan enfermedades graves, apoyando así un cambio humanitario en el sistema de pensiones.
El archivo relacionado, conocido como archivo 22.299, lleva el título de «ley para permitir el retiro total de la pensión de las pensiones complementarias obligatorias a las personas con enfermedades graves». Este proyecto fue presentado inicialmente por los ex diputados José María Villalta y Eduardo Cruickshank, quienes propusieron esta iniciativa para abordar una necesidad urgente en el área de la salud y la economía personal de los afectados.
La ley fue aprobada el martes pasado en un segundo debate donde se escuchó una votación unánime de 45 delegados, lo que indica un amplio consenso en la importancia de esta legislación. Dicha aprobación subraya la voluntad política de apoyar a aquellos que atraviesan situaciones de salud complicadas y sus familias.
Con la implementación de esta ley, las personas que padecen enfermedades graves o terminales podrán acceder de manera más fácil a su régimen de pensiones. Hasta el momento, quienes sufrían de condiciones serias no podían retirar sus fondos, incluso si lo requerían urgentemente. Esta limitante los llevaban a recurrir a instancias legales, como la sala constitucional, para tratar de acceder a sus beneficios.
Ahora, con esta nueva legislación en vigor, se abre una puerta a una alternativa más eficiente para aquellos que han recibido diagnósticos difíciles. Estas personas podrán gestionar su acceso a los fondos de pensiones de forma más directa y menos burocrática, facilitando la atención a sus necesidades económicas y de salud.
Podrán acceder a la ROP
Según la nueva ley, los pensionistas y afiliados pueden optar por la jubilación dentro de un plazo de 60 meses o retirar todos sus fondos, siempre que cumplan con los criterios establecidos. Podrán aplicar quienes hayan sido diagnosticados por el Fondo de Seguridad Social Costaricano (CCSS) con una enfermedad terminal y quienes se encuentren en una situación de salud grave provocada por:
- Una enfermedad o accidente que cause cambios significativos en su salud general.
- Condiciones médicas o accidentes que representen un alto riesgo de fatalidad y donde, según las directrices de la medicina basada en evidencia, la posibilidad de prolongar la vida sea mínima, decreto que debe ser avalado por el CCSS.
«La determinación de la condición de pacientes graves o terminales debe ser evaluada por el médico de la CCSS», establece el proyecto de ley.
¿Qué enfermedades se consideran graves?
La nueva legislación se enfoca en que la tarea de clasificar qué constituye una enfermedad grave no es puramente técnica, sino que dependerá de la evaluación del médico tratante y del criterio del Fondo de Seguridad Social Costaricano (CCSS) para decidir las condiciones específicas de los pacientes. Esto permite que cada caso sea tratado con la atención personalizada que las circunstancias requieren.
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