Los diputados finalmente aprueban un protocolo para la desaparición de mujeres de edad legal

En una reciente sesión legislativa, el segundo debate culminó con la aprobación del documento 24,311, que establece un protocolo específico para abordar la desaparición de mujeres en situación legal. Con 43 votos a favor, esta importante legislación fue finalmente aprobada el miércoles, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género y las desapariciones en Costa Rica.

Este nuevo mecanismo se denomina «Kimberly Alert», en memoria de Kimberly Araya, una mujer de 33 años y madre de tres hijos, cuyo trágico femicidio motivó la creación de esta iniciativa. A pesar de que Kimberly había estado desaparecida durante una semana, su cuerpo fue hallado en un lugar remoto, conocido como Jadri 32, cerca del túnel Zurquí. La conmoción por su caso fue un catalizador que llevó a la formulación de esta urgente legislación.

La iniciativa tiene su origen en la propuesta realizada por la diputada Maria Marta Carballo, representante del partido cristiano social. Su objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, atención y respuesta ante la desaparición de mujeres en el país, estableciendo un protocolo de acción inmediata que permita a las autoridades reaccionar de forma rápida y efectiva en estos casos tan delicados.

«Este nuevo protocolo brindará una mayor seguridad, especialmente en el contexto de la crisis actual que enfrentamos respecto a la agresión contra las mujeres», enfatizó el sustituto de Carballo durante la sesión legislativa.

Es importante destacar que la aprobación de esta ley llegó en un momento crítico, ya que las autoridades judiciales se encontraban buscando activamente a una mujer desaparecida recientemente. La joven modelo Rashab García desapareció el viernes anterior, y fue vista por última vez en compañía de una amiga. El martes, se troubo evidencia en la casa de su novio, que le llevó a su arresto. La fiscalía aún no lo ha inculpado formalmente, pero lo mantiene bajo custodia mientras se avanza en la investigación.

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El proyecto fue presentado por el subdirector de Pusc.

El alcance

La propuesta para la implementación de este protocolo nacional contempla tres etapas fundamentales, en las que participarán diversas entidades, entre ellas la policía local, la Agencia de Justicia (OIJ), así como unidades de emergencias y el Instituto Nacional de Mujeres (INAMU). Estas organizaciones trabajarán de manera conjunta para asegurar una respuesta integral frente a la desaparición de mujeres.

«La implementación del protocolo abarca tanto la prevención de desapariciones como la búsqueda activa, además de involucrar el monitoreo de casos que han sido resueltos y otros que aún permanecen sin resolver. También se garantizará que las familias de las desaparecidas reciban el apoyo necesario para sobrellevar su situación», se destaca en el texto de la iniciativa.

El protocolo incluye tres herramientas clave que deben ser implementadas:

  • Posibilidad de intervenir comunicaciones y acceder a documentos privados cuando existan sospechas fundadas de que un individuo pueda tener información relevante para la resolución del caso.
  • Implementación obligatoria y sin costo de alertas a través de medios de comunicación y plataformas digitales, tanto para casos de mujeres desaparecidas como para aquellos que aún están sin resolver.
  • Prohibición de salida del país para aquellas personas que hayan sido notificadas o que no puedan ser localizadas.

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