El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, respondió de manera contundente al discurso de responsabilidad del presidente Rodrigo Chaves. Esta respuesta surgió tras las declaraciones de Chaves, donde se abordaron diversos temas relacionados con la justicia y la transparencia en el sistema judicial del país.
En su declaración, Orlando Aguirre rechaza «categóricamente cualquier intento de delegar el trabajo judicial por acusaciones que no han sido cuidadosamente fundamentadas y que poseen un carácter potencialmente difamatorio o abusivo, específicamente dirigidas a funcionarios y servidores judiciales”. Esta postura es fundamental para mantener la integridad del Poder Judicial y la confianza pública en el mismo, ya que delegar responsabilidades o aceptar acusaciones infundadas afecta negativamente la credibilidad de las instituciones.
Aguirre enfatiza que Costa Rica es una democracia cimentada sobre la división de poderes, lo que implica que ningún poder del Estado puede estar subordinado a otro. Esta es una de las piedras angulares del funcionamiento democrático del país, permitiendo que cada poder realice sus funciones de manera independiente y sin interferencias externas.
«Explicaciones como la producción en este discurso, donde se refiere a asuntos ‘fiscales corruptos’, se propone la existencia de una ‘red de atención’ y se acusa implícitamente en el uso político de la justicia, no solo son infundadas, sino también peligrosas para el equilibrio democrático y el respeto mutuo entre los poderes del Estado», dijo Aguirre. Esta afirmación pone de manifiesto la necesidad de un discurso responsable que no ponga en duda la labor judicial sin pruebas concretas.
En este contexto, el presidente de la Corte Suprema señala que la inclusión de acusaciones sobre corrupción o manipulación política del sistema criminal, No es una práctica legal de la crítica democrática. Esta aclaración es crucial, ya que la crítica es parte de la democracia, pero debe basarse en hechos y no en especulaciones o acusaciones sin fundamento. Las afirmaciones infundadas pueden llevar a una erosión de la confianza pública en las instituciones.
«Más bien, es una forma de quejas públicas que viola los principios de responsabilidad política y respeto entre los poderes reclamados por nuestro sistema republicano», dijo. Así, Aguirre llama a un diálogo constructivo que ponga por delante la verdad y el respeto mutuo, evitando así el clima de confrontación innecesaria.
Añadiendo a su argumento, Aguirre menciona que el poder judicial no es ajeno a los desafíos o expectativas de mejora, sino que estos procesos deben realizarse con el debido respeto y no transformarse en un debate público que perjudique la imagen del sistema. La búsqueda de la mejora en la administración de justicia es un objetivo común que debe ser abordado de manera efectiva y profesional.
«No estamos interesados en hacer enfrentamientos. Nuestro deber y nuestro enfoque se centran en mejorar la administración de la justicia y seguir trabajando en el servicio del país», dijo. Esto reclama un enfoque centrado en la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho, un elemento necesario para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad costarricense.
